Ciudad de México.- El diálogo de las autoridades federales, encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de Educación Pública, Mario Delgado, con los representantes de la CNTE se mantiene, a fin de alcanzar un  acuerdo que ponga fin a las protestas magistrales.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó la importancia de las propuestas que ha hecho el gobierno a las dos principales demandas que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Primero, la reforma educativa que significa fundamentalmente la desaparición de USICAMM, organismo que define las plazas de los trabajadores de la Educación a ocupar y el escalafón, compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por otra parte, la mejora de las pensiones.

Para alcanzar el primer objetivo, detalló Delgado Carrillo, se ha propuesto una ruta de trabajo clara con fechas específicas para lograr en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión presentar una iniciativa que garantice los derechos laborales de los maestros.

Asimismo, la reforma garantizará la transparencia, erradicar cualquier práctica de nepotismo, favoritismo o corrupción en la adjudicación de plazas y dar certeza a la trayectoria profesional del magisterio.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez aclaró que los maestros ya tienen una ruta propuesta para resolver el tema del ingreso y promoción a la labor docente.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”, dijo Rodríguez.

Por lo tanto, dijo la titular de la Segob, “hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”.

En el caso de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007; Martí Batres, director general del ISSSTE, expuso que su “abrogación total, resulta en estos momentos muy difícil lograrlo”.

“Dado que requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”, explicó.

Sin embargo, apuntó, a pesar de la complejidad que significa cualquier cambio al sistema de pensiones, el Gobierno de México ha propuesto la creación de una aseguradora pública, para que trabaje de manera estratégica junto con el PENSIONISSSTE.

De esta forma, se busca fortalecer la opción 100 por ciento pública que existe en el sistema de cuentas individualizadas.

Batres agregó que actualmente PENSIONISSSTE es la Afore pública con menores comisiones. La aseguradora pública sería también la de menor costo, por lo que se garantiza que estos menores costos se traduzcan en mejores pensiones para los cotizantes de esta institución.

Adicionalmente, dijo que con PENSIONISSSTE y la aseguradora pública se lograría que un trabajador al servicio público, que se decida por estas opciones, nunca aportaría un solo peso a ningún banco y a ninguna institución privada. Todo quedaría dentro del ámbito público.

De ahí la importancia y el logro histórico que representaría la propuesta que ha hecho el Gobierno de México.

Se calcula que alrededor de 175 mil millones de pesos, que se iban a cobrar hasta el 2030, son recursos que se quedaron para incrementar el saldo de las cuentas de los trabajadores.

También reiteró que se fortaleció una vertiente solidaria con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que garantiza un complemento entre la pensión que se obtenga de las cuentas individualizadas para llegar al último salario que tuvo el maestro como trabajador activo, de tal manera que no haya una pérdida de ingresos al pasar al retiro.

Este fondo convierte el sistema de pensiones mexicano en una en un esquema único, porque tiene una fuerte vertiente solidaria para las siguientes generaciones.