Nacional

Publicado el martes, 9 de diciembre del 2025 a las 17:48
Mexicali, Baja California.— La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda defendió y respaldó la reciente aprobación de la Nueva Ley General de Aguas Nacionales, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que su objetivo es garantizar el agua como un derecho humano y frenar su acaparamiento.
Durante su conferencia matutina semanal, la mandataria estatal enfatizó que los recursos hídricos son “un bien que le pertenece al pueblo”, tal como lo establece la Constitución.
” “Apoyamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar esta nueva Ley General de Aguas Nacionales, la cual parte de que el agua es un derecho humano, frena el acaparamiento de este recurso y evita que unos pocos concentren dicho recurso”, expresó Ávila Olmeda.
En respuesta a las “interpretaciones imprecisas” que han surgido en torno a la reforma, la Gobernadora desmintió categóricamente varios temores difundidos, asegurando que la nueva legislación no contempla las siguientes acciones:
– No prohíbe heredar propiedades con concesiones de agua.
– No impide vender tierras con títulos de agua vigentes.
– No contempla revocaciones automáticas de concesiones.
– No criminaliza a pequeños productores.
– No limita el traslado de agua para actividades agropecuarias.
” “Es falso que esta reforma es una expropiación disfrazada para beneficiar a grandes empresas o entregar agua a Estados Unidos,” sostuvo la gobernadora. El objetivo, reiteró, es “revertir la mercantilización del agua derivada de la ley de 1992 y frenar abusos como acaparamiento, sobreexplotación, especulación y mercado negro del agua.”
Además, destacó que la ley reconoce los derechos históricos de pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.
Por su parte, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Víctor Daniel Amador Barragán, detalló los beneficios específicos de la reforma.
El funcionario señaló que la nueva Ley favorecerá la implementación de:
– Esquemas de captación de agua pluvial para uso doméstico.
– Sistemas de abasto comunitarios en zonas sin acceso a servicios hídricos.
– La figura de la actividad agropecuaria familiar, facilitando el sostenimiento familiar en los ramos agrícola y pecuario.
Finalmente, Amador Barragán enfatizó que la legislación fortalece el combate al robo de agua, estableciendo un procedimiento más robusto para imponer multas y sanciones administrativas que pueden alcanzar las 30 mil UMAS.
La Gobernadora aseguró que los sectores productivos contarán con una mesa de diálogo permanente con los gobiernos federal y estatal para resolver dudas, una medida que busca fortalecer a los ramos agrícola y ganadero en regiones clave como Ensenada, Maneadero y San Quintín.
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