Guayaquil, Ecuador. — La organización internacional Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado este viernes a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador para que reveluen de forma pública la base legal que sustentó las operaciones militares en las que marines estadounidenses destruyeron ocho embarcaciones ecuatorianas en aguas internacionales del Océano Pacífico, además de exigir una investigación inmediata ante las denuncias de abusos formuladas por los tripulantes.

Los operativos de intercepción y bombardeo se llevaron a cabo entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, bajo la premisa de que los barcos operaban como estaciones flotantes de suministro de combustible para lanchas rápidas dedicadas al tráfico de drogas hacia Norteamérica. Asimismo, las autoridades atribuyeron a los tripulantes presuntos nexos con Los Choneros, considerada la organización criminal más antigua del país sudamericano y vinculada al mexicano Cártel de Sinaloa, grupo clasificado por Washington como terrorista.

No obstante, HRW advirtió en un informe preliminar que ni la administración estadounidense ni la ecuatoriana han presentado pruebas sólidas que conecten de manera directa e individual a los marinos y pescadores con la comisión de un ilícito.

Hallazgos de HRW y postura de la defensa legal

Para la elaboración del reporte, la organización civil recabó testimonios de 27 personas, incluyendo capitanes, tripulantes, familiares y abogados defensores, además de examinar registros fotográficos, material en video e informes policiales y judiciales. Tras el análisis, la ONG apuntó que no existen elementos verificables para confirmar que las naves funcionaran como plataformas logísticas ilícitas.

De acuerdo con los datos recabados, un total de 90 tripulantes enfrentan procesos judiciales en Ecuador por el delito de asociación ilícita bajo medidas cautelares en libertad, 56 obtuvieron su liberación luego de que jueces locales calificaran sus detenciones como ilegales, y 14 más no fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Litigantes consultados señalaron que las propias fuerzas armadas y policiales ecuatorianas reconocieron ante los tribunales la ausencia de evidencias recabadas por los mandos estadounidenses.

Denuncias de tortura y posicionamiento regional

Paralelamente, diversos tripulantes rescatados informaron a la organización haber sido objeto de agresiones físicas y amenazas coactivas con el fin de obligarlos a firmar documentos sin comprensión de su contenido y autoinculparse en el tráfico de energéticos.

Al respecto, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, subrayó que el combate a las redes logísticas del narcotráfico marítimo no exime a los Estados de respetar las garantías fundamentales:

” «La interceptación del tráfico de combustible puede ser un paso importante para detener a grupos criminales, pero eso no les da derecho a las fuerzas de seguridad a detener personas sin evidencias, destruir sus embarcaciones y cometer abusos», puntualizó.

Finalmente, la organización recordó que el derecho internacional prohíbe de manera categórica las detenciones arbitrarias y los tratos crueles, advirtiendo que la estrategia de seguridad regional no logrará desmantelar a las estructuras del crimen organizado mediante la criminalización de pescadores con carpetas de investigación endebles.