Brasilia .- Más de 300 policías de Brasil prosiguen este sábado con la búsqueda de dos presos que se fugaron el miércoles pasado de un penal federal de máxima seguridad y que se presume están escondidos en una espesa región boscosa del noreste del país.

Desde el momento de la fuga las autoridades mantienen un gran operativo para dar con el paradero de los prófugos y sospechan que están en un perímetro de unos 15 kilómetros en torno al penal de Mossoró, en el estado de Río Grande do Norte, pues huyeron a pie y no hay hasta ahora noticias de ningún robo de vehículos en la zona.

Existe además una pista concreta, que ha sido la denuncia de una familia que vive en una zona rural próxima al presidio, que fue hecha rehén por los prófugos durante la noche de este viernes.

Según esa familia, los dos hombres permanecieron unas cuatro horas en la residencia, que abandonaron después de alimentarse y con dos teléfonos celulares en su poder.

Pocas fugas en Brasil

Esas fueron las primeras fugas registradas en una de las cinco cárceles federales de Brasil, todas de máxima seguridad y en las que son alojados los presos considerados de “alta peligrosidad”, en su mayoría miembros de organizaciones criminales.

Ambos prófugos están acusados de pertenecer al llamado ‘Comando Vermelho’, una poderosa banda del tráfico de drogas de Río de Janeiro, que tiene tentáculos en varios países de Sudamérica.

Uno ha sido identificado como Rogério da Silva Mendonça, sobre quien pesan condenas a 74 años de cárcel, y el otro es Deibson Cabral Nascimento, con penas establecidas en 81 años.

Estaban en Mossoró desde septiembre del año pasado, cuando fueron transferidos desde otro penal tras haber participado en una rebelión que concluyó con cinco muertos, tres de ellos decapitados.

Tras la fuga, las autoridades han endurecido las condiciones de reclusión en los penales federales, en los que han sido suspendidas las visitas y se ha ordenado que los presos permanezcan dentro de sus celdas.

En Brasil, según datos oficiales, a fines del año pasado había 832.300 personas encarceladas, en un sistema penitenciario que sólo tiene capacidad para 600.000 detenidos, de los cuales unos 1.500 están recluidos en los penales federales.