Guadalajara, Jalisco. – La situación de menores de edad involucrados en actos criminales va en aumento en el estado de Jalisco, pues durante los operativos es cada vez más común observar cómo entre los delincuentes hay personas que no alcanzan ni los 18 años.

Y es que, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los últimos dos años, los delitos que tienen a menores involucrados han pasado de 277 en el 2018 a 651 en el 2020, lo que significa más del doble de casos. En 2019 fueron 322.

En el 2021, a penas en el primer semestre, se tienen contabilizados 355 casos, por lo que se espera que la tendencia continúe al alza, y, aunque no se detallan los delitos que cometieron los menores involucrados, sí existe registro de datos de menores en crímenes federales.

Como le hecho de violencia ocurrido el pasado 19 de abril, donde una menor de 17 años fue acusada por desaparición de personas, tentativa de homicidio, portación de armas de fuego y delitos contra la autoridad.

Los hechos ocurridos en la zona de Chapalita, se derivó al rescate de siete personas, aunque una sin vida, donde se aseguraron 29 armas de fuego, 17 chalecos y 7 tablas con siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En el lugar, otra menor, de igual 17 años, resultó abatida por el intercambio de balas que tuvo con los efectivos de la policía que participaron en el rescate de las víctimas.

Estos datos y la historia de las dos menores en Chapalita evidencian la vulnerabilidad de los adolescentes, quienes quedan a merced de organizaciones criminales.

A esa conclusión llegó el estudio Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos en México, publicado a principios de septiembre por la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano.

La investigación analizó a la población infantil que dejó la escuela e ingresó al mercado laboral, para encontrar a quienes son más susceptibles de ser reclutados por el narco.

Jalisco resultó ser la segunda entidad con mayor porcentaje en situación de riesgo, con un 8.7 por ciento.