México.- La masacre hace un año de 72 latinoamericanos indocumentados en un rancho de San Fernando (Tamaulipas), a 160 km de la frontera, desnudó la barbarie a la que quedan expuestos miles de inmigrantes que buscan llegar clandestinamente a Estados Unidos cruzando México.

La matanza ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 “dejó al descubierto un México bárbaro, no sólo de la delincuencia sino también de las autoridades, un México profundamente xenófobo”, dijo a la AFP el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes y director de un albergue para inmigrantes.

“Es sólo una muestra de que los secuestros masivos y las masacres de migrantes extranjeros y mexicanos ya existían desde 2007, cuando lo denunciamos, pero no se atendió”, dijo Leticia Gutiérrez, directora de la Pastoral de la Movilidad Humana, que tiene medio centenar de casas albergues para indocumentados en México.

De los 72 asesinados, 24 eran hondureños, 14 salvadoreños, 12 guatemaltecos, 4 ecuatorianos y 4 brasileños. Algunos de ellos presentaban huellas de tortura. Hasta la fecha aún no se han identificado 14 cadáveres.

“Los secuestros masivos de migrantes se siguen cometiendo aunque el gobierno lo desvirtúe como el ocurrido en junio de 80 personas que viajaban en un tren en el sureste de México, al asegurar que en realidad fueron cinco”, añadió Gutiérrez.

En el presente año, se han registrado poco más de 260 casos de migrantes desaparecidos, dijo a la AFP, Fernando Batista, encargado del programa de Migración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que de abril a septiembre de 2010 registró 11.333 secuestros de migrantes.

En abril pasado comenzaron a descubrirse fosas comunes en San Fernando, donde se hallaron casi 200 cadáveres al parecer de migrantes secuestrados, aunque entre ellos sólo se ha identificado a un extranjero: un guatemalteco.

Los plagios reflejan “la necesidad urgente de implementar políticas públicas muy concretas y eficaces en materia de prevención del delito y si lamentablemente ocurren hechos como el de San Fernando se procure justicia de manera efectiva para que casos como éste no queden en la impunidad”, dijo a la AFP Fernando Bautista, encargado del Programa de Migración de la CNDH.

Bautista dijo que la fiscalía “ha negado el acceso a consultar las averiguaciones previas correspondientes”.

Recientemente el Congreso aprobó una ley de migración propuesta por el gobierno pero modificada por presión de las organizaciones gubernamentales, que descriminaliza a los trabajadores indocumentados y a sus empleadores.