Nueva Rosita, Coah.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Mario López Gámez, deberá pagar sueldos y aguinaldo a los trabajadores sindicalizados antes del 31 de diciembre que culmine su administración, de lo contrario podría ser sancionado y generar una persecución penal aún después de dejar el cargo.

Juan Marcos Dávila, Juez Tercero de Distrito en Coahuila, informó que la sentencia emitida el 17 de diciembre del año en curso, alcanza también al tesorero y los regidores.

“El alcalde de San Juan de Sabinas ignoró el llamado y por eso se emitió la sentencia para  que de manera urgente se hagan ajustes presupuestarios, necesarios para que se entreguen estos adeudos a los 50 sindicalizados antes de que salga el Ayuntamiento”, comentó.

De hacer caso omiso, se da una inejecucion del amparo, donde se aplica una multa de hasta 50 mil pesos, dependiendo del grado de incumplimiento, “y si vemos una contumacia, se presenta la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por ser un delito federal, de forma directa en delegación Piedras Negras, para que sea el juez penal quien determine si dicta auto de formal prisión”, precisó.

Dejó en claro que no se puede actuar con este dolo, sobre todo con trabajadores jubilados que ya cumplieron su ciclo laboral, “los funcionarios municipales creen que se pueden lavar las manos saliendo del Ayuntamiento y se les hace fácil pensar que le dejan la pelota al que sigue, pero no es así, porque los que están actuando, incumpliendo con la sentencia son los que están ahorita en el cargo y a ellos son los que en un momento dado se les puede dar la persecución penal, las sanciones se dan incluso después de dejar el cargo”.

El juez federal recordó que el Ayuntamiento quiso promover un amparo para detener todo el proceso, lo cual está en su derecho, sin embargo se consideró que derechos tienen mayor peso y al defender a los sindicalizados se negó el amparo a “Mayito”.

Finalmente agregó que esta es la denuncia más actual con fecha del 15 de noviembre, sin embargo se tiene registro de decisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde los sindicalizados en activo han estado promoviendo demandas laborales contra el Ayuntamiento, y el tribunal ha dictado medidas laborales en esos juicios.