Nueva Rosita, Coah.- El gobierno federal no ha desamparado a los familiares de los mineros fallecidos en la explosión del pocito tres de Sabinas y ha propiciado mejores condiciones de seguridad en la zona carbonífera de la región, aseguró el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano.

En conferencia de prensa con el gobernador de la entidad, Jorge Torres López, el funcionario federal resaltó la coordinación que existe entre los niveles de gobierno para atender a los deudos y corregir deficiencias en materia de seguridad e higiene.

Luego de una reunión privada con los familiares de las víctimas de ese accidente, Lozano Alarcón destacó que se han cumplido los compromisos del presidente Felipe Calderón con los familiares y trabajadores mineros de la zona.

Señaló que no se dejó en indefensión a los deudos, y que al día siguiente del accidente se les brindó apoyos legales y asesorías gratuitas de la Procuraduría Federal de Protección al Trabajo (Profedet).

Señaló que se consiguió que el patrón (Binsa) pagara tres mil pesos semanales a cada una de las familias de trabajadores fallecidos, así como al menor lesionado desde el 6 de mayo de 2011, mientras que el gobierno del estado pagó cuatro semanas más.

Agregó que se buscó resarcir el daño por la vía penal y se consiguió una oferta de la empresa por 200 mil pesos por familia afectada, al igual que el pago de pensiones a 13 familias.

Además, se promovió que dicho pago se efectuara con el sueldo real, que era de 428 pesos diarios y no de 105 pesos, como lo indicaba la subcotización al IMSS.

Se promovieron 15 demandas para reclamar la devolución de los recursos acumulados en Afores y se consiguieron tres créditos de vivienda de Infonavit.

También se verificó que al menor lesionado se le pagarán las incapacidades pendientes de 59 días de salarios hasta que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determine su grado de incapacidad.

En materia de seguridad e higiene, Javier Lozano afirmó que se incrementaron sustancialmente las inspecciones, el número de personal que efectúa esa labor, y se han promovido sanciones a empresas que incumplen las normas oficiales.

Comentó que se han practicado 95 visitas a 67 centros de trabajo, lo que incluye a mil 929 trabajadores, y como resultado se han detectado 743 violaciones directas a la normatividad y se han dictado 613 medidas que van desde la restricción de acceso de trabajadores, hasta la suspensión provisional de obras y trabajos mineros en 19 casos.

Destacó que se otorgaron cursos y talleres de cumplimiento de normatividad, además de que se promueven empresas y pequeños negocios para las viudas de los mineros fallecidos, como una opción de empleo.

Por otra parte, el funcionario federal confirmó que algunos inspectores han sido objeto de amenazas por parte del crimen organizado y dijo no descartar que haya intereses de delincuentes para evitar tales revisiones.

El titular de la Secretaría de Trbajo y Previsión Social (STPS) negó que dicha dependencia se niegue a contratar más inspectores, pues dijo que la normatividad presupuestal se lo impide.

En su oportunidad, el gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, reconoció la voluntad política del gobierno federal para atender a los deudos del accidente que cobró la vida de 14 mineros y dejó un lesionado grave en mayo de este año.

A la reunión de evaluación asistieron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, las secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo Nacional de apoyo a Empresas en Solidaridad (Fonaes), y del gobierno del estado.