Washington D.C. — Un memorando secreto del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado la justificación legal utilizada por la administración del presidente Donald Trump para autorizar ataques aéreos contra presuntas “narcolanchas”, según reportó The New York Times.

El documento, al que el diario tuvo acceso, establece una premisa radical: Estados Unidos y sus aliados están “legalmente” en un estado de conflicto armado con los cárteles de drogas.

Esta justificación se deriva casi exclusivamente de declaraciones hechas por el presidente Trump, permitiendo que el asesinato de presuntos traficantes se ampare bajo los poderes de guerra del Ejecutivo. La publicación surge luego de que la Casa Blanca fuera criticada por llevar a cabo una serie de ataques militares sin presentar una base legal concreta para las operaciones.

Cárceles Vistas Como “Terroristas” en Conflicto

Según el memorando, los ataques aéreos se consideran apropiados porque los grupos narcotraficantes son presentados no simplemente como negocios ilegales, sino como “terroristas” que buscan deliberadamente desestabilizar el hemisferio occidental y financiar la violencia contra Estados Unidos mediante el tráfico de drogas.

Al declarar un “estado de conflicto armado” contra estos grupos, el gobierno de Trump obtiene el fundamento para que el Ejército estadounidense actúe con fuerza letal, equiparando las operaciones anti-narco a una guerra.

El memorando comienza reiterando afirmaciones de la Casa Blanca, incluyendo que los cárteles son una amenaza directa a la seguridad nacional.

Inmunidad de “Campo de Batalla”

Una sección extensa al final del documento ofrece una defensa legal para los involucrados. Establece que cualquier funcionario de la administración o miembro del ejército acusado por las muertes resultantes de estos ataques estaría protegido por una “inmunidad de campo de batalla”, un estatus derivado del supuesto estado de guerra declarado contra los cárteles.

Críticas de Derechos Humanos y Gobiernos Extranjeros

Esta postura legal de la administración contrasta fuertemente con las advertencias de organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, quienes han calificado los ataques como ilegales.

Asimismo, los gobiernos de Venezuela y Colombia han acusado a la administración Trump de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en sus operaciones contra el narcotráfico.