Crónica| Ciudad de México.- Los inmigrantes mexicanos y centroamericanos serían los más afectados si se revoca el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y los indocumentados se perpetuarían como clase excluida de la sociedad por generaciones.

Así lo advirtió el director del Migration Policy Institute (MPI), Michael Fix, luego de que el aspirante a la candidatura presidencial republicana, Donald Trump, reavivó el debate de la anulación al derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados.

Fix señaló que dicha medida tendría repercusiones no intencionadas contrarias a los intereses nacionales y apuntó que al constituir casi tres cuartas partes de los inmigrantes “no autorizados”, los mexicanos y centroamericanos serían los más afectados por la medida.

Advirtió que la propuesta debería ser pensada por ambos partidos políticos que han hecho de la búsqueda del “creciente” voto hispano una prioridad.

La anulación, que requiere cambios en la Constitución estadunidense, tendría el efecto no intencionado de duplicar la población indocumentada de menores de 18 años para el 2050.

Y, además, representaría una barrera “infranqueable” para el progreso intergeneracional que ha sido central en las historias de éxito de la inmigración en Estados Unidos, agregó.

“Anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento crearía una clase auto perpetuada que sería excluida de la membresía social por generaciones”, señaló el experto.

Destacó que los estudios evidencian los beneficios de los inmigrantes para la economía y el tejido cívico de Estados Unidos, son resultado de su completa integración en la sociedad y dicha integración sólo se logra hasta la segunda generación.

Estimaciones de MPI indican que 5.1 millones de menores son hijos de inmigrantes indocumentados y de ellos, 4.1 millones tiene ciudadanía estadunidense por nacimiento, en tanto que cien mil tienen residencia y 900 mil son también indocumentados.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento fue consagrado en 1868 en la catorceava Enmienda de Constitución estadunidense y confirmado por la Suprema Corte 30 años después.

La revocación de dicha enmienda sólo puede hacerse por una propuesta del Congreso apoyada por el voto mayoritario de las dos terceras partes de ambas cámaras, o a través de una convención constitucional convocada por dos tercios de las legislaciones estatales.

Indicó que perpetuar la desventaja heredada basada en el estatus legal de uno de los ancestros no tendría precedente en la ley migratoria de Estados Unidos.

Subrayó que un análisis del MPI y la Universidad Estatal de Pensilvania encontró que terminar con el derechos de ciudadanía para los bebés nacidos en territorio estadunidense de dos padres inmigrantes indocumentados, aumentaría la población no autorizada existente en 4.7 millones para el año 2050.

Sin embargo, la cifra se dispararía de los actuales 11 millones de inmigrantes indocumentados, hasta 24 millones, por los bebés sin ese derecho nacidos de parejas en las que sólo uno de los padres es inmigrante indocumentado.

Mientras que sólo un millón serían hijos de ambos padres nacidos en Estados Unidos.

“Promocionada por sus partidarios como una solución para reducir la inmigración ilegal, la anulación de hecho de ese derecho tendría el efecto completamente opuesto”, remarcó.

Fix subrayó que la herencia de una falta de estatus migratorio para los hijos y nietos de inmigrantes, tendría “profundas” implicaciones tanto para la cohesión social como para el fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos.

Destacó que la inmigración ilegal no está impulsada por la obtención de la ciudadanía por nacimiento y enfatizó que estudios han encontrado que la gente llega a Estados Unidos en búsqueda de trabajo y un mejor nivel de vida.