Ciudad de México.- Tras el laudo arbitral contra el Gobierno de México, que lo condena a pagar 37.1 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration por negar permisos ambientales, la Secretaría de Economía (SE), canceló las concesiones que la firma estadunidense tenía para desarrollar el proyecto de minería submarina “Don Diego”, en la región del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

La empresa con sede en Tampa, Florida, famosa por el rescate de tesoros en barcos hundidos, solicitó en abril de 2019 un arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al considerar que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó en dos ocasiones la autorización de impacto ambiental para el dragado de fosfato, que es la materia prima para fabricar fertilizantes (2016 y 2018).

Odyssey Marine Exploration, contaba con tres concesiones mineras en la Zona Económica Exclusiva de México, con vigencia de 50 años, con opción de extensión por otros 50 años, para explotar un área total de 114 mil 775 hectáreas de lecho marino, ubicadas a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros frente a la costa de Baja California Sur, a una profundidad de hasta 90 metros.

En el reporte anual a sus accionistas fechado el pasado 31 de marzo, Odyssey Marine Exploration, reveló que sus concesiones mineras que estaban a nombre de su filial Exploraciones Oceánicas (ExO), fueron canceladas “ilegalmente” por el gobierno de nuestro país, en junio y agosto de 2024.

“En octubre de 2024, descubrimos que la autoridad minera mexicana canceló ilegalmente las concesiones mineras de ExO en junio y agosto de 2024. ExO está impugnando la cancelación”, anunció.

En el informe, la empresa estadounidense también dio a conocer que el 12 de diciembre de 2024, el Gobierno de México interpuso una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Canadá, pidiendo la anulación del laudo arbitral, emitido a mediados de septiembre del año pasado, por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Excélsior adelantó el 4 de abril de 2025, que las autoridades mexicanas no habían impugnado la resolución ante el CIADI, porque las propias reglas del arbitraje internacional establecen que los fallos son inatacables, sólo en casos extraordinarios, como el descubrimiento de un hecho nuevo que pudiera influir decisivamente en la sentencia.

En el arbitraje internacional, nuestro país argumentó que Odyssey Marine Exploration no tiene ninguna experiencia en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros submarinos, además de que las técnicas de dragado que quiere implementar no han sido puestas en práctica en ningún lugar del mundo.

También puso sobre la mesa que el CIADI dio un “peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentados como testigos por parte de la empresa “quienes declararon que la negación de la Manifestación de Impacto Ambiental se debió a situaciones políticas y no científicas”.

“La defensa de México demostró que ambos testigos incurrieron en conflicto de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, advirtió en su momento la Semarnat.

La firma estadounidense había concretado en 2018 una alianza con Altos Hornos de México (AHMSA). Foto: Ernesto Méndez

Nueva Ley Minera

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), recordó que la reforma a la Ley Minera, publicada el 8 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prohíbe la minería submarina en nuestro país, por lo que Odyssey Marine Exploration, no puede obtener nuevas concesiones para su proyecto “Don Diego”.

En este sentido, celebró la decisión de la Secretaría de Economía de cancelar los tres permisos que tenía vigente la firma estadounidense en nuestra Zona Económica Exclusiva, con lo que se cierra la puerta definitivamente al dragado de fosfato en el lecho marino en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.

Destacó que de acuerdo a estudios científicos, “Don Diego”, pondría en grave riesgo a especies en peligro de extinción como las ballenas y las tortugas caguama, y generaría severos impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón y lenguado, que son la base de la economía de las comunidades de la región.

El Artículo 20 de la Ley Minera establece que “quedan prohibidas las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la Zona Económica Exclusiva, en la Zona Federal Marítimo Terrestre y en los terrenos ganados al mar”.

La Secretaría de Economía de canceló los tres permisos que tenía vigente la firma estadunidense. Foto: Ernesto Méndez

No quita el dedo del renglón

A través de una alianza estratégica con Capital Latinoamericano (CapLat), de Juan Cortina Gallardo, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Odyssey Marine Exploration, pretende sacar adelante su proyecto “Don Diego”, – ahora sin permisos ambientales ni concesiones mineras -, confiando en las buenas relaciones de su nuevo socio para “establecer una asociación público-privada con el gobierno mexicano, promoviendo la prosperidad compartida a través de una agricultura sostenible que empodera a los agricultores y fortalece a las comunidades locales”.

La firma estadounidense había concretado en 2018 una alianza con Altos Hornos de México (AHMSA), y el empresario Alonso Ancira, a quien le veía tres importantes cualidades: Experiencia en la extracción de minerales, buenas relaciones con los mayores productores de fosfato en el mundo y cercanía con el entonces presidente de México y otros funcionarios del gobierno.

Hay que recordar, que en 2019, el dueño de AHMSA, cayó en desgracia tras ser acusado por el Gobierno de México, de vender a sobreprecio la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a Pemex.

En un comunicado de prensa emitido este lunes 28 de abril, Odyssey Marine Exploration, externó su beneplácito por la reciente Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llevar adelante la explotación del lecho marino con el fin de extraer minerales críticos.

A contracorriente de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), Trump instruyó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, acelerar la revisión de solicitudes y la emisión de permisos para exploración y extracción de minerales más allá de la jurisdicción estadounidense, lo que podría agregar presión a México.