Ciudad de México.- La Comisión Nacional Antimonopolio de México sancionó con multas por un total cercano a 800 millones de pesos a las empresas Praxair y a dos firmas de Grupo Infra por incurrir en prácticas monopólicas en el mercado de oxígeno medicinal.

La autoridad determinó que ambas compañías, entre los principales proveedores de oxígeno medicinal en diversas regiones del país, incluyeron cláusulas de exclusividad en sus contratos con clínicas y hospitales privados, lo que impedía a sus clientes recurrir a otros proveedores.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Economía, estas condiciones limitaron la entrada y expansión de competidores, además de restringir que los centros de salud accedieran a mejores condiciones de compra, según el organismo.

De acuerdo con la resolución, los contratos también contemplaban renovaciones automáticas y penalizaciones por terminación anticipada, aplicables tanto a hospitales existentes como futuros.

Estas prácticas estuvieron vigentes al menos entre 2010 y 2023, incluyendo el periodo de la pandemia de covid-19.

La Comisión señaló que la conducta afectó directamente a clínicas, hospitales y pacientes que requieren oxígeno medicinal, un insumo considerado vital para tratamientos médicos, especialmente en enfermedades respiratorias.

Como resultado, se impuso una multa de 723 millones de pesos a Grupo Infra y de 68 millones de pesos a Praxair.

Además, la autoridad ordenó a las empresas eliminar las cláusulas de exclusividad en contratos vigentes, abstenerse de incluirlas en acuerdos futuros y evitar mecanismos de renovación automática.

También, deberán designar a un oficial de cumplimiento y a un auditor independiente para supervisar la implementación de las medidas correctivas y garantizar el respeto a la legislación en materia de competencia.

La Comisión subrayó que el sector salud es una prioridad y aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones de competencia en este mercado, con el objetivo de proteger a los pacientes.

Las empresas sancionadas podrán impugnar la resolución ante tribunales especializados.