México.- México está obligado a respetar más de 100 instrumentos internacionales como tratados y declaraciones, luego de que las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron la reforma constitucional en materia de derechos humanos, informó la CNDH.

Esos cambios constitucionales determinan que la interpretación de normas sobre las garantías fundamentales se debe realizar de acuerdo a los principios que rigen en el ámbito internacional, recordó la oficina del ombudsman nacional.

En este caso, agregó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de México ha suscrito prácticamente la totalidad de los instrumentos internacionales de esta materia y ha sostenido una política de apertura.

Para el organismo resultaba incongruente que siendo el Estado mexicano uno de los principales promotores de la generación y suscripción de tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos, en ocasiones no se reconocieran plenamente en el ámbito interno.

Además no era válido que en algunos casos se interpretara de manera estatal o local un derecho humano que tiene reconocimiento internacional, indicó en un comunicado.

La Comisión planteó que cuando debían acatar los tratados internacionales, se hacía discutible y debatible entender cuál era su ámbito de aplicación, si deberían de existir leyes reglamentarias en la materia o si podrían invocarse de manera directa.

Ahora, con la reforma, se trabajo la universalidad, progresividad y la mayor cobertura y amplitud de estos derechos, detalló.

Con los cambios en el Artículo 105 constitucional y a través de la acción de inconstitucionalidad, la CNDH estará facultada para alcanzar una aplicación efectiva de los más altos estándares internacionales de derechos humanos en todo el país.

Las nuevas atribuciones fortalecen la tarea del organismo de promover la armonización total de la legislación federal y de los estados de la República respecto de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, puntualizó la CNDH, falta todavía que la reforma constitucional en materia de garantías individuales sea aprobada por los Congresos locales.