México.- Durante el año pasado autoridades financieras mexicanas recibieron 300 mil denuncias de robo de identidad con intenciones fraudulentas en instituciones financieras, cifra que ubicó a México en el octavo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito que debe ser castigado.

De acuerdo con estadísticas internacionales, cada cuatro segundos ocurre un robo de identidad y su resolución requiere en promedio de 600 horas de trabajo de investigación por parte de especialistas para determinar quiénes atacaron a los usuarios de los servicios financieros, sin contar el tiempo que la víctima dedica para demostrar que alguien utilizó su información personal de manera ilegal.

En conferencia de prensa Alfonso Flores, Director General de CPP Protección de Identidad México, sostuvo que el problema de robo de datos en nuestro país es creciente y que este se realiza a través del ciberespacio o en el mundo real.

Dijo que si bien 92 por ciento de los mexicanos sabe lo que es el robo de identidad y más de la mitad se sienten vulnerables ante una situación de esta naturaleza, en el país se toman pocas precauciones para evitarlo.

Explicó que este delito puede perpetrarse con acciones desde la clonación de una tarjeta bancaria, el robo de correspondencia, específicamente de estados de cuenta o la pérdida de bolsos y carteras; sin embargo, también existen sofisticados programas cibernéticos dedicados a estas acciones ilegales.

El plagio o robo de identidad de los casos documentados en México ocurrieron en 67 por ciento de la incidencia por la pérdida o robo de documentación en 63 por ciento fueron extraídos de tarjetas y documentos que se llevaban en la cartera, en la bolsa o un portafolio, y 53 por ciento de los casos los datos fueron tomados directamente de una tarjeta bancaria.

Alfonso Flores sostuvo que la legislación mexicana castiga penalmente la obtención fraudulenta de datos, así como los casos graves de uso de los mismos, pero en la mayoría de los casos la jurisprudencia permite su consideración como falsedad instrumental para cometer otros delitos, pero no existe en México el delito de robo de identidad tipificado.

De acuerdo con las definiciones de robo de identidad más aceptadas, este ilícito ocurre “cuando alguien adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada co la intención de cometer fraude u otro delitos”.

Dijo que en el caso de México el robo de identidad se utiliza, en la mayoría de los casos, para fraudes financieros pero también hay casos en los que se utilizan los datos de otra persona para contratar servicios, deudas o para adquirir bienes que serán utilizados ilegalmente.

Tal es el caso de la adquisición de vehículos que podrían ser utilizados para actividades del crimen organizado o equipos de telefonía que complementan actividades criminales y que ser rastreados responsabilizan a inocentes que resultan ser víctimas.

Ante ese riesgo CPP México trae al país, desde el Reino Unido, un producto de servicio, asesoría e investigación que ayuda a la víctima del plagio de identidad, a aclarar ante autoridades judiciales y financieras el origen de las operaciones fraudulentas y que a un costo relativamente bajo de 100 pesos mensuales garantiza la solución del problema.

Explicó que no se trata de un seguro que cubriría el monto de los fraudes, que podrían ser millonarios, sino que brinda la asesoría en primera instancia para tomar medidas preventivas que eviten el robo de identidad; para detectar cuando una identidad ha sido plagiada y para resolver ante las instituciones financieras o judiciales las responsabilidades que se le atribuyan a la víctima.

Indicó que para ello, con el pago de mil 200 pesos anuales, el usuario de este producto tiene 98 por ciento de posibilidades de aclarar su situación legal y deslindarse de las responsabilidades jurídicas y financieras porque CCP aporta hasta 300 mil pesos que pueden aplicarse en investigaciones, análisis e incluso pago de salarios de profesionales que deban aplicar sus conocimientos para demostrar legalmente que el usuario afectado no es quien perpetró el fraude financiero.

Aclaró que con la contratación de este producto la víctima del robo de identidad no tendría que pagar los daños financiera causados por esas operaciones, y en todo caso, las instituciones financieras serían las responsables por haber otorgados créditos o servicios sin haber verificado plenamente la identidad del contratante.