Ciudad de México.- En una violación al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), el Gobierno mexicano permitió en 2018 y 2019 la exportación de unidades blindadas que utilizó la Policía de Cali, Colombia, durante las violentas protestas que dejaron docenas de heridos y muertos y que azotaron a esa nación sudamericana en abril y mayo últimos.

En 2018, la empresa colombiana 7M Group vendió a la Policía Nacional (PN) de Colombia, dependiente del Ministerio de Defensa, cinco unidades por un total de 1.88 millones de dólares, según cifras reportadas por el Gobierno de la nación sudamericana al sistema de estadísticas comerciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al año siguiente, la operación consistió en seis vehículos por 1.4 millones de dólares. La empresa colombiana 7M Group S.A. vendió las cinco tanquetas lanza-agua marca International, a combustión a diésel y en color negro, bajo la modalidad del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos, según la orden de compra 26444 del 12 de marzo de 2018, consultada por El Universal.

La PN justificó la operación por requerir la adquisición “para garantizar la vida del personal uniformado que atiende casos de protesta social y orden público a nivel país”. El 22 de noviembre de 2018, la Policía Nacional solicitó la modificación de orden de compra por retrasos para que las unidades salieran del puerto de Altamira, en Tamaulipas, con destino al puerto colombiano de Cartagena.

La institución recibió las unidades el 14 de diciembre de 2018 y exoneró a la empresa del pago del IVA de 19%, equivalente a unos 29 mil dólares, según el certificado de exención fiscal 0330 firmado por el general Jorge Hernando Nieto, entonces director General de la PN. La factura 1500008678, emitida el 31 de diciembre de 2018, consigna esa exención.

Centigon México S.A. de C.V., filial mexicana del Centigon Security Group —propiedad del conglomerado chino Dongfeng Design Institute Co Ltd.—, vendió los vehículos a 7M, que suministra servicios de consultoría, suministro de vehículos y representación de marcas y ofrece dos tipos de tanquetas para transporte de personal y otra lanza-agua. Centigon tiene una planta en Ciudad de México, otra en San Pedro, Nuevo León, y una más en Bogotá.

La segunda operación está reflejada en la orden de compra 46090-2020 del 13 de marzo de 2020, con prórrogas marcadas para el 30 de octubre y 31 de diciembre de ese mismo año. La PN recibió los vehículos el 25 de diciembre último. Esos carros blindados clasifican en la categoría II de la ONU, pues están diseñados y equipados para transportar cuatro o más tripulantes, armados con un arma o un lanzamisiles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), organismo responsable de notificar la venta y compra de armamentos ante el TCA, no reportó esos envíos ante la secretaría del tratado, al cual pertenece y que está vigente desde 2014, ni ante el Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA, en inglés). En sus informes 2018 y 2019, el Gobierno mexicano omitió la exportación de esos vehículos. Además, no hay evidencia de la emisión del certificado de usuario final, que evalúa el riesgo de que equipos y materiales contribuyan a potenciales violaciones a derechos humanos en el país importador.

Regulación

• El TCA, que Colombia firmó y no ha ratificado, regula el comercio internacional de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves y buques bélicos, y busca prevenir y erradicar el intercambio ilícito y el desvío de armas convencionales mediante la aplicación de estándares de transferencias.

• México, que presentó su informe anual 2020 el 28 de mayo pasado, ha sido uno de los promotores más fuertes del tratado, debido al tráfico irregular de armas desde Estados Unidos a territorio azteca y que alimenta la violencia que azota al país desde los años 2000. Además, copreside el Grupo sobre Transparencia.