Ciudad de México.- La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha lanzado duras críticas contra el gobierno mexicano debido a lo que consideran una falta de compromiso en la aplicación efectiva de la Ley contra Falsificación, Piratería y Protección de Propiedad Intelectual. Estas críticas se desprenden del informe 301 sobre Protección y Observancia de la Propiedad Intelectual, publicado recientemente.

El informe, publicado este jueves, enfatiza que la negativa por parte de México de emitir reglamentos de aplicación de las enmiendas a dicha ley ha creado incertidumbre entre los sectores que buscan proteger y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.

La dependencia de Estados Unidos destacó que, según información recibida de titulares de derechos, las autoridades mexicanas no están aplicando ciertas disposiciones de la Ley de Derechos de Autor. Además, señalaron que existe un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este contexto, México ha sido señalado como líder en piratería, con la falsificación de productos creciendo de manera paralela al acceso a redes de banda ancha. La USTR añadió que el país continúa padeciendo índices muy elevados de piratería en lo referente a derechos de autor, incluyendo actividades como streaming en línea, intercambio de archivos entre pares, descargas directas y aplicaciones de streaming ilícitas.

El informe también menciona dificultades en la aplicación civil de derechos de autor en México, debido a factores como la falta de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de Internet (ISP), la no recuperación de honorarios de abogados y la duración excesiva de los procesos judiciales.

Aunque se reconoce la realización de operativos contra la piratería en mercados como San Juan de Dios en Guadalajara y Tepito en Ciudad de México, llevados a cabo en años anteriores, el informe destaca que estas acciones son insuficientes debido a recortes presupuestarios y reducción de personal en instituciones como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ante esta situación, Estados Unidos insta a México a restablecer el financiamiento para la aplicación efectiva de la ley en todos los niveles de gobierno, con el fin de imponer sanciones disuasorias y combatir la piratería de manera más contundente.