México.- El gobernador Juan Sabines aseguró que el problema de la migración no se resuelve con muros ni restricciones legales, sino con normas que ofrezcan oportunidades de vida digna y trato respetuoso a los derechos humanos.

Al poner en marcha el Foro Internacional de Migración y Trata de Personas y la Certificación de Tuxtla Gutiérez como Comunidad Segural, el mandatario chiapaneco señaló que como resultado de la aplicación de la ley en Chiapas se han desarticulado 23 bandas de secuestradores y trata de personas y 223 secuestradores están en la cárcel.

En contraparte, precisó que más de 5 mil niños hijos de migrantes nacidos en el estado son reconocidos como chiapanecos.

El gobernador Sabines destacó que en este ámbito normativo, cada año llegan a trabajar temporalmente en el corte de café hasta 60 mil centroamericanos.

Consideró que hace falta regular el flujo migratorio en la frontera sur, donde apenas el 10 por ciento cruza de manera documentada, pero la migración restante lo hace mediante otros recursos.

“No sabemos quiénes son, a qué vienen y de ahí el riesgo que implica la acción del crimen organizado”, enfatizó.

Sobre la certificación de la capital de Chiapas como Comunidad Segura, Sabines dijo que éste es un reconocimiento no al gobierno, sino a la participación activa y al empoderamiento de la sociedad en los problemas y la solución de éstos.

El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, AC. Marcos Fastlicht Sackler destacó que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención de Delito, México está considerado como puente, tránsito y destino para la trata de personas para la explotación sexual, comercial y trabajo forzado.

En estos delitos son las mujeres, los niños y los indígenas y los indocumentados los grupos más vulnerables.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia Vilanueva destacó algunos avances contenidas en la nueva ley de migración, tales, como un mayor conocimiento de los derechos a favor de los migrantes, la no intervención policíaca en los operativos y las visas a transmigrantes.