Caracas.– Un grupo de migrantes venezolanos, que formaron parte de los 252 enviados por el gobierno de Donald Trump a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, rompió el silencio este viernes. Tras un histórico fallo de un juez federal en Estados Unidos que determinó la violación de su debido proceso, los repatriados exigen condiciones de seguridad para comparecer en las nuevas audiencias ordenadas por la justicia estadounidense.

El pasado lunes, la justicia federal de EU dictaminó que cerca de 200 de estos ciudadanos fueron deportados injustamente a una prisión de alta seguridad —el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)— y ordenó que se les otorgue la oportunidad de retomar sus procesos legales en territorio norteamericano.

El reclamo de los afectados

En una carta pública leída ante la prensa en Caracas, el grupo instó a las autoridades estadounidenses a generar condiciones que les permitan participar en las audiencias sin arriesgar su integridad física.

” “Exigimos que se garanticen condiciones de retorno dignas y apropiadas, y que estos hechos no se repitan”, señala la misiva, donde los migrantes piden que este caso siente un precedente para la protección de millones de personas en movilidad.

Denuncias de tortura y secuelas psicológicas

El testimonio de los repatriados —quienes pasaron cuatro meses detenidos en el CECOT antes de ser enviados a Venezuela el pasado 18 de julio— revela el impacto de su reclusión en el Salvador:

– Maltrato físico: Norberto Aguilar, uno de los deportados, denunció haber sido golpeado durante su estancia en la cárcel salvadoreña.

– Daño emocional: Arturo Suárez, otro de los afectados, señaló que, si bien han recibido apoyo psicológico en Venezuela, la reinserción ha sido tortuosa.

” “Los golpes físicos sanan, pero los mentales no; luchamos contra la ansiedad y problemas para dormir”, afirmó.

Contexto del caso

La situación se remonta a marzo pasado, cuando en una medida altamente criticada por organismos de derechos humanos, el gobierno de EE. UU. envió a este grupo de migrantes al CECOT, una prisión diseñada para pandilleros en El Salvador. El juez federal determinó que el Gobierno negó el acceso a la justicia de estas personas, abriendo ahora una compleja fase de retorno y reparación jurídica.