Lima, Perú.– El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo tras la difusión de audios que lo implican en un presunto soborno a magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Las grabaciones, entregadas a la Fiscalía por un testigo protegido, son parte de una investigación por tráfico de influencias que también vincula a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano.

En los audios, difundidos por Latina Noticias y Cuarto Poder, se escucha a Santiváñez, en su antigua labor como abogado, confirmando a una cliente que recibió dinero “para adelantar el tema”. Aunque el ministro supuestamente afirma que el dinero “no fue mío”, la Fiscalía sostiene que la suma, de 20,000 dólares, tenía como objetivo influir en una decisión del TC a favor de un cliente suyo. En la conversación, el ministro menciona que cuenta con el apoyo de “dos magistrados del TC”.

Santiváñez, considerado uno de los ministros más influyentes del gabinete de Boluarte, es conocido por haber defendido a policías procesados por violaciones a los derechos humanos y a un agente condenado por extorsión y sicariato.

La familia de este último, Miguel Salirrosas, buscó a Santiváñez para presentar un recurso de hábeas corpus. La denuncia fiscal indica que el ministro no solo cobró sus honorarios, sino que pidió los 20,000 dólares adicionales para influir en el veredicto.

La divulgación de estos audios se suma a otra investigación contra Santiváñez, en la que un peritaje confirmó que su voz es la que aparece en otra grabación, donde anticipa la desarticulación de una unidad policial que investigaba a la presidenta Boluarte.

A través de su cuenta de X, que ahora maneja en tercera persona, el ministro Santiváñez respondió a las acusaciones, publicando imágenes de supuestos comprobantes bancarios para argumentar que los 20,000 dólares eran parte de sus honorarios legales.

Con un tono de burla, cuestionó la validez de la imputación al afirmar que nadie entregaría dinero para un soborno mediante una transferencia bancaria con factura.

El escándalo de los audios pone en entredicho no solo la credibilidad del ministro, sino también la del gobierno de la presidenta Boluarte, que ya enfrenta múltiples procesos judiciales y denuncias por corrupción. La revelación profundiza la crisis política en Perú, en un momento en que la confianza en las instituciones es frágil.