Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión, así como la atención integral a las víctimas.

El proyecto de Monreal busca establecer la concurrencia y coordinación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, además de proponer adecuaciones a la legislación penal vigente.

Celebra estrategia nacional contra la extorsión

En este contexto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro celebró el reciente anuncio de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, y Alejandro Gertz, fiscal general de la República. Ambos funcionarios informaron la puesta en marcha de una estrategia nacional contra la extorsión que se enfocará en ocho entidades federativas, donde se concentra casi el 70% de los casos denunciados.

Monreal destacó la evolución de este delito:

” Esta actividad ha sido últimamente utilizada por la delincuencia organizada, que ha trasladado lo que históricamente hacía, como el tráfico de drogas y otros ilícitos, a la extorsión”.

La iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución Política, propuesta por Monreal, argumenta que la expedición de una ley general en la materia no solo armonizaría el marco normativo nacional, sino que también fortalecería la respuesta institucional, optimizaría el uso de recursos y aseguraría el acceso igualitario a la justicia y protección de derechos en todo el país.

La extorsión, un problema estructural en México

La propuesta de Monreal subraya que la extorsión afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia.

” Desde los grandes empresarios hasta las amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores del campo, todos pueden ser víctimas de este delito que se ha convertido en un problema estructural”, advierte el documento.

A pesar de que el delito de extorsión está regulado a nivel federal en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales estatales, su persistencia sigue impactando negativamente la percepción de seguridad en el país.

” El delito de extorsión, junto con la comisión de otros delitos como el robo o asalto de mercancías, insumos o bienes, ha tenido un impacto significativo en 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos, lo que representa el 27.2 por ciento de las unidades económicas en México”, puntualiza la iniciativa.

Con información de MILENIO