Saltillo Región Sureste
Por Ernesto Acosta
Publicado el miércoles, 21 de julio del 2021 a las 17:45
Saltillo, Coahuila.- Morena pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionar y vigilar las instalaciones del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Peligrosos, ubicado en General Cepeda, atendiendo la denuncia popular interpuesta el 20 de marzo de 2020 por contaminación y daño ambiental.
Además, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dé cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente 3059/17-EAR.01-2, para verificar que cumplan con las obligaciones de impacto ambiental y el manejo adecuado de residuos peligrosos.
Diego Eduardo del Bosque Villarreal, diputado federal, explicó que el 18 de julio de 2014, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó el impacto ambiental del sitio para reciclaje, tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos, y el 3 de febrero de 2016 Juan Gamboa Maldonado, Gregorio Cerda Rangel y Pedro Jasso de León, presentaron la demandad¡ de nulidad de la autorización.
La Sala Especializada en Materia Ambiental del TFJA admitió la demanda con el expediente 563/16-EAR-01-12, y solicitó la suspensión de la resolución impugnada.
El 4 de febrero, el Tribunal emitió el acuerdo que otorgó la medida cautelar provisional para que las obras y actividades del acto impugnado se mantuvieran en el estado en que se encontraban al momento de notificar el acuerdo para evitar “afectación al medio ambiente y al equilibrio ecológico”, pero la empresa continuó con los trabajos de construcción.
El 6 de octubre de 2016, el Tribunal resolvió conceder en definitiva la medida cautelar solicitada, dado que el proyecto incumplía requisitos legales y existía un posible vicio de procedimiento administrativo.
Para el 1 de febrero de 2017, declaró la nulidad de la resolución impugnada y ordenó reponer el procedimiento administrativo. El 27 de marzo, Semarnat autorizó el proyecto sin llevar a cabo una evaluación eficaz de impacto ambiental.
El 8 de noviembre, Juan Carlos Gamboa Chávez presentó nueva demanda de nulidad de autorización del impacto ambiental y fue admitida. El 15 de enero de 2020, el Tribunal declaró procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada por incumplimiento de normas mexicanas.
“ La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece en su Artículo 57 que las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de modo que la Semarnat se encuentra obligada a dejar sin efectos la autorización de impacto ambiental”, aseguró el legislador.
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