Perú.- Un grupo de víctimas del caso esterilizaciones forzadas realizó una protesta fuera del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, para exigir que el Poder Judicial no archive el proceso que se le sigue al expresidente, Alberto Fujimori, y exministros involucrados en los presuntos delitos en su contra.

El plantón, que se realizó desde esta mañana y mientras se desarrollaba una audiencia virtual del caso ante el Poder Judicial, se da como reacción al intento de la defensa de Alberto Fujimori de que la denuncia fiscal sea declarada improcedente.

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Es algo indignante. Por eso hemos venido a hacer un plantón, no solo de Lima sino también de provincias […] Estamos pidiendo que no sea archivado porque un delito de lesa humanidad no puede ser archivado”, reclamó María Elena Carbajal, presidenta de la asociación Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao.

“Es INDIGNATE, estamos pidiendo que no se archivado, un delito de lesa humanidad no puede prescribir y Alberto #Fujimori es el principal responsable” dice Marielena Carbajal, presidenta de las Mujeres Víctimas de #EsterilizacionesForzadas de Lima y Callao#FujimorismoNuncaMas https://t.co/fZ9o2Ore8N

— GREF-Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (@GREF_Peru) May 11, 2021

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El responsable mayor ha sido Alberto Fujimori y posteriormente, sus exministros de salud […] Esto tiene que ser visto ya, el fiscal ya sustentó los cargos, presentó las 182 pruebas convincentes de que esto fue un delito en el que compraron a personal de salud, usaron todos los medios para hacer esta violación de nuestros derechos”, añadió.

Carbajal reclamó, en esa línea, que tanto el expresidente como los exministros que encabezaron el sector Salud entre los años 1996 y 2000 “no se pueden lavar las manos ante este crimen”.

El Ministerio Público ha presentado una denuncia formal contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas, a quienes acusa de ser autores mediatos de este atentado contra más de 1.300 mujeres como parte de algo que el Gobierno aquel entonces denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.

El proceso, luego de más de 20 años de investigación y con más de 1.200 casos todavía pendientes de ser formalizados o archivados dentro del Ministerio Público, está a cargo del juez Rafael Martín Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.

Esta semana, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, señaló que los delitos que imputa la fiscalía de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte no son imprescriptibles, por lo que luego de 15 años el caso debía ser archivado.

Con información de El Comercio.