Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) pidió la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, a quien consideró víctima de una detención arbitraria en México.

El pasado 22 de septiembre, el GTDA adoptó la opinión 45/2020 en la que consideró que Quevedo Cruz ha sido víctima también de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su proceso legal desde su detención ocurrida en 2009 y hasta la fecha.

El organismo internacional concluyó que se violó el derecho de Brenda Quevedo a tener un juicio justo y que el Estado mexicano ha omitido explicar por qué, después de 11 años, la mujer sigue en espera de sentencia.

Señaló que, si bien su detención pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, no puede describirse como tal luego de este retraso injustificado en el juicio mismo que consideró inaceptablemente largo, lo que ha provocado que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.

“La privación de libertad de Brenda Quevedo Cruz, en contravención de los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es arbitraria y se enmarca en categoría III”, señala el documento emitido por el GTDA.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la Sra. Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional”.

Instó al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes para la liberación inmediata de Brenda Quevedo, tomando en cuenta el contexto de la pandemia del Covid-19 y la amenaza que representa en los lugares de detención.

Además, solicitó garantizar una investigación completa e independiente sobre las circunstancias que rodearon la detención arbitraria de Quevedo Cruz, las denuncias de tortura y castigar a los responsables.

Remitió el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, para las acciones correspondientes.

Solicitó al gobierno mexicano para que en un plazo de seis meses informe sobre el seguimiento que dé a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo así como de las dificultades que encuentre para la aplicación de las mismas.