Ciudad de México.- En medio de los crecientes escándalos por presuntos vínculos entre figuras políticas y el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con una frase tajante que resonó en Palacio Nacional: “Que se defiendan ellos”. 

Al ser cuestionada en la conferencia matutina sobre los señalamientos contra personajes de la 4T, la Mandataria reiteró que “nadie está por encima de la ley” y dejó claro que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGE) investigar sin sesgos y sin proteger a nadie.

Las declaraciones se dan un día después de que Ricardo Mejía Berdeja –exsubsecretario de Seguridad y excandidato del PT en Coahuila–, fuera denunciado penalmente por el PAN ante la FGR por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. 

La denuncia fue respaldada por diversos legisladores, quienes han señalado sus conexiones con personajes como “El Tete” Galeana, Ricardo Peralta y Salvador Llamas, todos identificados por sus antecedentes delictivos.

A este panorama se suma el caso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien enfrenta un escándalo tras revelarse la presunta relación de uno de sus excolaboradores con grupos criminales en Tabasco. Aunque Sheinbaum se limitó a señalar que “sería pertinente que diera su versión”, el mensaje fue contundente: cada quien debe responder por sus actos.

El caso de Adán Augusto ha generado una gran polémica, luego de conocerse la orden de aprehensión contra quien fuera secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, en Tabasco durante su gubernatura, hecho que se conecta directamente con la gestión federal de Ricardo Mejía Berdeja como subsecretario de Seguridad Pública. Estos vínculos refuerzan la percepción de una red de complicidades que hoy pone en entredicho la credibilidad de las instituciones, justo en un momento en que México enfrenta sanciones arancelarias superiores al 30% por parte del Gobierno de Estados Unidos, como con secuencia directa de los señalamientos contra narcopolíticos mexicanos.

La narrativa que busca posicionar la Presidenta es clara: no habrá cobijo institucional para quienes hayan incurrido en actos fuera de la ley, sin importar su militancia o cercanía política. “Si hay algo qué investigar, que lo investigue la Fiscalía”, insistió, marcando con ello una línea divisoria entre su Gobierno y quienes hoy son señalados por presuntos nexos con el crimen.

Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿es esta la apertura de una nueva etapa de justicia real o una estrategia para blindarse políticamente? Lo cierto es que los casos de Ricardo Mejía Berdeja, Hernán Bermúdez y Adán Augusto López ya se han convertido en un lastre que pone en tela de juicio la congruencia de quienes prometieron moralizar la vida pública del país.