México.- El 6 de enero de 2012, quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos de México, se declaró culpable ante una Corte de Estados Unidos. En esa fecha, una etapa histórica del crimen organizado en nuestro país se cerraba de manera definitiva. Benjamín Arellano Félix fue acusado por el Gobierno estadounidense por lavado de dinero, asociación delictuosa e, incluso, por haber pretendido asesinar a su acérrimo rival: Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De no haberse declarado culpable, “El Min” podría haber purgado una condena de más de 150 años; sin embargo, gracias a un acuerdo de colaboración con la Corte Federal en San Diego, California, uno de los hombres más emblemáticos de la mafia mexicana en la década de los 90, tendrá una pena máxima de 25 años de prisión.

Algunos penalistas señalan que el acuerdo de culpabilidad es bastante provechoso para Benjamín Arellano Félix, quien es el segundo alto integrante del cártel de los Arellano en lograr una condena reducida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Para Laura Duffy, procuradora general para la Región Fronteriza de California con México, esta sentencia constituyó un hecho histórico. Horas después de ser dictada la condena hacía ante la prensa una declaración que en otros tiempos habría causado euforia: “La organización Arellano Félix ha sido efectivamente desmantelada y ya no representa un peligro para los pueblos de Estados Unidos y México”. Sin embargo, en nuestro país esta noticia pasó prácticamente inadvertida.

EL JUICIO FINAL

Benjamín Arellano Félix fue extraditado en abril de 2011 para ser juzgado en el estado de California, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa, importación y posesión con fines de distribución de sustancias controladas (cocaína y mariguana), lavado de dinero y una serie de actos criminales. Incluso, los cargos que enfrentó ante las autoridades estadounidenses no sólo figuraron más de 10 asesinatos, varios tiroteos y secuestros. Benjamín Arellano también enfrentó tres cargos de intento de asesinato contra su férreo enemigo Joaquín “El Chapo” Guzmán. Benjamín Arellano se declaró culpable de los cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero a principios de enero de 2012, aceptando ser el principal organizador, líder y primera autoridad en la toma de decisiones de la organización criminal conocida como el cártel Arellano Félix.

El tratado vigente en materia de extradición entre México y Estados Unidos fue elaborado en 1980, la existencia de un documento legal que convirtiera la cortesía de extradición de grandes capos mexicanos a Estados Unidos en una obligación se volvió de vital importancia; sin embargo, a diferencia de Colombia, donde la extradición de los principales narcotraficantes era literalmente un asunto de Estado, México fue durante muchos años renuente al tema de la extradición.

Los delitos imputados a Benjamín Arellano Félix, Ramón Arellano Félix, Francisco Javier Arellano Félix, Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Ismael Higuera Guerrero, Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez y Armando Martínez Duarte como parte de la organización Arellano Félix por la Corte de California datan precisamente de esta década y se extienden desde 1986 hasta noviembre de 2002.

Pero las diferencias en el tratamiento de los casos de Benjamín Arellano Félix y la denominada Reina del Pacífico (quien no ha podido ser extraditada gracias a vericuetos legales), por ejemplo, ponen de manifiesto los aspectos jurídicos y políticos que determinan a fin de cuentas que un integrante del crimen organizado sea o no extraditado al vecino país, así como las lagunas legales existentes en México en materia de crimen organizado.

En 2009, la PGR publicó un informe del número de extradiciones realizadas por la administración de Felipe Calderón, arrojando un total de 307 de enero de 2006 a diciembre de 2009, de las cuales 291 fueron a Estados Unidos.

El Artículo 6 del Tratado de Extradición entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América establece el principio de non bis in idem, presente en el Artículo 23 de nuestra Constitución y por medio del cual se establece que: “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”, argumento utilizado para otorgar protección constitucional a Sandra Ávila, la cual ya había sido juzgada en México por su participación en el delito de delincuencia organizada.

Benjamín Arellano Félix fue arrestado en marzo de 2002 y recluido en el penal de Almoloya de Juárez mientras esperaba una decisión en torno a la extradición que el Gobierno estadounidense demandaba desde 2007, año en el cual la PGR extendió un comunicado donde anunciaba la extradición de 15 personas a Estados Unidos en el mes de enero.

La lista de extraditados fue encabezada por Osiel Cárdenas Guillén, cuyo acuerdo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos no sólo significó una disminución en su condena, sino que también derivó en el rompimiento entre los integrantes del cártel del Golfo y su antiguo brazo armado “Los Zetas”.

Los siguientes en la lista fueron Gilberto Higuera Guerrero e Ismael Higuera Guerrero, quienes forman parte del proceso en contra de Benjamín Arellano Félix y fueron sentenciados a 40 y 30 años de prisión respectivamente por los delitos de narcotráfico, asesinatos y corrupción.

Otros integrantes de la organización que forman parte del caso llevado en California son Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, quien fue sentenciado a cadena perpetua y Jesús Labra Avilés, extraditado en 2008 y sentenciado a 40 años de prisión.

Al declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, Benjamín Arellano Félix aceptaría la confiscación de todos los bienes y dinero obtenido en dichos ilícitos, los cuales, según el expediente de julio de 2002 del caso criminal en su contra, ascienden a más de 289 millones de dólares. Tras su declaración de culpabilidad, Benjamín Arellano obtendrá una pena máxima de 25 años de prisión a cambio de una multa de 100 millones de dólares, un 30% de los 289 millones calculados inicialmente y un 40% de los 248.5 millones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos para México dentro de la Iniciativa Mérida para el 2012.

EL PODER DE LA LEY RICO

Uno de los factores determinantes para la extradición de Benjamín Arellano Félix (y de otros grandes capos mexicanos) es, sin duda, que el Gobierno estadounidense posee una sofisticada legislación enfocada a combatir el crimen organizado y narcotráfico, cuyo antecedente inmediato es la llamada ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), la cual ha sido traducida al español como “Ley sobre organizaciones corruptas y negocios ilícitos” y se encuentra plasmada en el título 18, secciones 1961 a 1968 del Código estadounidense (a las cuales se hace referencia en el caso en contra de los Arellano Félix).

El objetivo original de dicha ley es la persecución de delitos efectuados por la mafia y crimen organizado en general.

Gracias a la ley RICO, los integrantes de organizaciones criminales que hayan cometido al menos dos de una lista de 35 delitos (dentro de los cuales se incluyen asesinato, secuestro, extorsión, ataques incendiarios, soborno y narcotráfico, entre otros) en un periodo de 10 años pueden ser acusados y sentenciados por los actos criminales cometidos por la organización de la que forman parte.

En el proceso legal en contra de los Arellano Félix, los miembros, empleados o asociados a la denominada “Empresa”, fueron acusados de 28 actos ilegales y 32 crímenes llevados a cabo desde Tijuana y Mexicali contemplados por la ley RICO. La “Empresa” no es otra más que la organización Arellano Félix, dedicada al tráfico ilegal de narcóticos como cocaína y mariguana; lavado de dinero; secuestro, tortura y

asesinato de informantes, traficantes rivales y otros enemigos de la organización, así como soborno de autoridades mexicanas y personal militar, según el caso criminal llevado en California.

En México, lo más cercano a la ley RICO es la denominada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996. Sin embargo, mientras que el Código estadounidense posee una lista de 35 delitos atribuibles a miembros de la delincuencia organizada como miembros de un grupo criminal, el Artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sólo contempla siete delitos: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas y secuestro.

Países con una larga experiencia en combate a la delincuencia organizada han buscado perfeccionar sus leyes para sancionar a los miembros de organizaciones criminales. Tal es el caso de Italia, país que desde la década de 1960 creó una comisión “antimafia” encargada de elaborar una legislación apropiada en la materia. La primera ley general italiana al respecto (Ley Rognoni-La Torre) fue aprobada en 1982 y tipificó a la mafia como uno de los arquetipos del crimen organizado.

Tanto la ley RICO como la ley Rognoni-La Torre fueron citadas en una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada el 2 de febrero de 2011. Dicha iniciativa pretendía ampliar el catálogo de delitos por los cuales los integrantes de la delincuencia organizada pudieran ser consignados como tales, incluyendo los delitos de robo de autos, lavado de dinero, ejecuciones de funcionarios públicos, infiltración patrimonial, lenocinio, homicidios pagados, lesiones, intimidaciones, entre otros, sin embargo, fue desechada por la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura el 16 de abril de 2011.

Los vacíos legales existentes en México pueden ser un factor importante para aprobar la extradición de integrantes del crimen organizado a Estados Unidos, además de la importancia de la relación bilateral para el Gobierno mexicano (ya en el artículo 9 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos vigente se menciona que “ninguna de las dos Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales, pero el Poder Ejecutivo de la Parte requerida tendrá la facultad, sino se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente”).

La confiscación de bienes y dinero obtenidos a través de los delitos tipificados en el Código estadounidense resulta también determinante. Los 100 millones de dólares que pagará Benjamín Arellano Félix a cambio de una condena de 25 años de prisión (al término de la cual deberá retornar a México para cumplir una nueva condena por crímenes cometidos en México que no fueron juzgados en Estados Unidos) se suman a los 50 millones de multa de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”. Si a esto sumamos los 50 millones de dólares que pagó Osiel Cárdenas Guillén en 2010 (quien por cierto, fue sentenciado al igual que Benjamín Arellano Félix a 25 años de prisión), se obtiene 80% del total de dinero que recibirá México de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida este año.

¿FIN DE LA HISTORIA?

No se sabe a ciencia cierta si el cártel de los Arellano Félix ha sido por completo desmantelado y ya no constituye una amenaza después de haberse logrado este acuerdo judicial, que incluyó además una multa de 100 millones de dólares. Pero lo que sí resulta incomprensible es que esa información, la declaratoria del propio Estados Unidos de que uno de los tres grandes cárteles históricos del país ha sido ya desmantelado, haya pasado casi inadvertida por los medios y sobre todo por las propias autoridades federales que han hecho de la lucha contra el crimen organizado un leit motiv de su gestión.

La sentencia contra Arellano Félix puede parecer dura, pero en realidad no lo es: quien fuera el verdadero jefe de la organización criminal que comandaba junto con su hermano Ramón, es responsable de miles de muertes y desde 1989 fue uno de los principales introductores de droga en México y en Estados Unidos.

La acusación, como parte del acuerdo judicial, no contempla finalmente ninguno de esos homicidios y no deja de ser algo más que una duda el preguntarse de dónde saldrán los 100 millones de dólares que le pagará Arellano Félix al Gobierno estadounidense: en algún lugar el narcotraficante o su familia tienen que tener esos recursos disponibles.

Recordemos que su hermana Enedina, a quien se considera actualmente la heredera de la organización, era la que manejaba la ingeniería financiera construida en tomo al cártel. También se debería recordar que desde muchos años atrás, por lo menos desde 1997, se sabe que la familia Arellano Félix vive en San Diego y nunca ha sido molestada por las autoridades estadounidenses.

Sus negocios, o los de sus sucesores en ese país, continúan también expandiéndose sobre todo en California, donde a pesar de la creciente legalización de la mariguana, sigue habiendo enormes plantíos ilegales, sobre todo en la zona de las reservas naturales y donde existen amplias redes de distribución, sobre todo de drogas sintéticas.

Y una vez más no sabemos si los Arellano Félix ya han desaparecido como organización, pero la pregunta es entonces: ¿quién se quedó con esas redes de operación, qué sucedió con los recursos y con las relaciones políticas y económicas que durante décadas desarrolló ese cártel a ambos lados de la frontera?

Pero esas preguntas deberían aplicarse prácticamente a cualquier organización criminal que fuera descabezada. Lo importante, en todo caso, es decirle a la gente que así ha sido: que uno de los tres cárteles históricos del país, según el propio Estados Unidos, ya no existe.

Y no porque haya sido consecuencia de una operación controlada por nuestros vecinos del norte, sino como consecuencia de una lucha tenaz y de medidas extremas, como la deportación del propio Benjamín Arellano Félix (y de todos los principales narcotraficantes que estaban detenidos en esas fechas en México) realizada hace casi exactamente cinco años, apenas comenzaba el gobierno de Felipe Calderón, y que ha sido, aunque ahora casi no se la recuerde, uno de los golpes más fuertes que ha sufrido el crimen organizado en nuestro país.

Pero además, ese desmantelamiento progresivo del cártel de los Arellano Félix se ha complementado con el de los grupos que se asociaron con otros para tratar de ocupar su lugar: el más notable el de Teodoro García Simental, detenido el año antepasado en La Paz, en Baja California Sur.

“El Teo”, que había sido uno de los principales sicarios de los Arellano, había roto con ellos, cuando comenzaron a sucederse las caídas de sus jefes para aliarse con Joaquín “El Chapo” Guzmán y tener el control, asociado con “El Chapo”, de toda la península.

Personajes siniestros como “El Pozolero”, aquel hombre que se dedicaba a destruir cuerpos en sosa cáustica, estaban ligados a estos grupos que también han sido destruidos.

La consecuencia directa es que uno de los pocos lugares del país donde se puede decir que se han tenido grandes triunfos en la batalla contra la delincuencia organizada es en Tijuana.

Por supuesto que no se ha acabado ni con la delincuencia, ni con el narcotráfico, pero particularmente en esa ciudad fronteriza se ha podido regresar a la normalidad en la vida cotidiana.

La comparación de cómo estaba Tijuana respecto a cómo está actualmente es notable. Y ahora que en Estados Unidos confirman esos dichos y aseguran que uno de los tres principales cárteles del país está destruido, en México seguimos concentrados en las detenciones de un tipo al que llaman “El Mataperros” y en las andanzas criminales de un oscuro ex portero del Monterrey, al que le dicen “El Gato”. Si el propio Gobierno federal no reconoce sus victorias ¿quién se las reconocerá?

Una historia dura de contar

LOS INICIOS

Consultado por Código Topo, un periodista que dio seguimiento al surgimiento del cártel y quien pidió reservar su identidad, relata cómo a principios de los años 80 la organización criminal emergió de una manera inesperada.

“En esa época vivía en un departamento cerca de la Zona del Río y llegaba ya tarde a dormir, después de cerrar edición en el medio que trabajaba. A partir de cierta fecha se empezaron a hacer comunes fiestas y jolgorios en uno de los departamentos contiguos. Escándalos, mujeres, droga y después armas”.

Según el entrevistado, incluso él llegó a ser invitado por los jóvenes residentes del departamento a las fiestas, pero se negó a asistir.

Poco después y ante las llamadas de los vecinos por los escándalos, empezaron a acudir policías a vigilar, pero rápidamente se iban al recibir dinero de los “juergueros”. Semanas después se enterarían los vecinos que se trataba de unos jóvenes sinaloenses involucrados en el tráfico de drogas y que se apellidaban Arellano Félix. Por los escándalos y peligros, los vecinos empezaron a mudarse poco a poco del edificio, hasta que los misteriosos hermanos juerguistas terminaron comprándolo para dar fin a las quejas de los vecinos.

EXPLOTA LA VIOLENCIA

Asesinado como de “Rayo” “Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote.

Iban tendiendo la trampa para matar a Armando López, el que bajaba las naves por distintos horizontes” Así dice el corrido llamado “El Rayo de Sinaloa”, interpretado por el cantante As de la Sierra. Pareciera un narcocorrido más, sin embargo recupera un hecho que marcó la pugna entre Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar e Ismael Zambada García con los hermanos Arellano Félix.

Armando López “El Rayo de Sinaloa” era un narcotraficante amigo de Guzmán Loera, que en la década de los 80 operaba en la zona desértica de Sonora, donde baja avionetas con cocaína.

Fue en 1989, cuando “El Rayo” se presentó en Tijuana para hablar con Ramón Arellano Félix por órdenes de Guzmán Loera. Llegó acompañado de una dama y ambos, ya entrados en copas, llegaron al famoso Club Britania para buscar a Benjamín Arellano, que festejaba el bautizo de su hija. En la entrada del lugar fueron interceptados, pues no traían invitación y armaron una gresca.

Al escuchar la riña, Ramón Arellano salió de la fiesta y al percatarse que era “El Rayo de Sinaloa”, sin mediar le disparó en la cabeza con una pistola escuadra.

El propio Arellano cargó el cuerpo del traficante y lo tiró en una vialidad alejada de la zona. Ordenó a sus pistoleros viajar a Sinaloa y Sonora para matar a los familiares de Armando López y evitar venganzas. De esta manera iniciaba una de las rivalidades más sangrientas en el mundo del narcotráfico.

ESCALA LA VIOIOLENCIA

Las rivalidades en la plaza apenas empezaban a finales de los 80, y precisamente también en 1989, pistoleros al servicio de los Arellano Félix fueron a buscar a Rigoberto Campos Salcido a uno de sus ranchos en el Valle de Mexicali para aniquilarlo.

El personaje era primo de Manuel Salcido Uzeta “El Cochiloco” y se movía libremente por las plazas de Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado y Tijuana. Eso molestó a los hermanos Arellano.

Los sicarios enviados por Ramón plagiaron a Campos Salcido y, como si se tratara de una de las sagas de “El Padrino”, metieron sus brazos en una trilladora sin causarle la muerte. Grave, fue trasladado a un hospital particular, donde sicarios intentaron rematarlo en varias ocasiones, pero no tuvieron éxito. Rigo Campos, como también era conocido, recibió unos brazos postizos y salvó la vida.

A pesar de la advertencia, el viejo narco no se fue de Baja California y acudió a realizar apuestas en el ejido Mariano Matamoros, de Tijuana, donde también se encontraban Ramón Arellano Félix y sus pistoleros.

En la rampa CETYS y boulevar Insurgentes decenas de sicarios esperaron a Rigoberto Campos en su Grand Marquis 89 y lo masacraron con más de 600 impactos junto a sus siete pistoleros.

Los asesinatos de Armando López y Rigoberto Campos marcaron el inicio de la era de crímenes achacados a Ramón Arellano Félix, el más violento de los hermanos.

LOS NARCOJÚNIORS

Everardo “El Kitty” Páez fue uno de los hombres más importantes para Ramón Arellano Félix en el grupo denominado los narcojúniors.

Páez era un joven proveniente de las mejores familias de Tijuana, casado con la hija de un prominente maquilador de la región, y responsable de encabezar uno de los fenómenos que explican el peso que los Arellano adquirieron en toda la zona: el involucramiento directo de los hijos de familias emblemáticas de la entidad en el tráfico de drogas.

Esos narcojúniors cumplieron un papel clave en la consolidación de los Arellano, asegura Víctor Clark Alfaro, tanto que comenzaron a desafiar el poder de los propios hermanos y a buscar quedarse con el control de la organización criminal.

Sin embargo, la detención de Páez, ahora extraditado y condenado en Estados Unidos y los ajustes de cuentas internos en este grupo, terminaron destruyéndolos, privando a los Arellano de un brazo eficiente tanto en términos de influencia local, como de operación en California. Incluso varios de los denominados narcojúniors fueron desaparecidos por el propio Ramón Arellano Félix.

Un ejemplo fueron los hermanos Endir y Henaín Meza Castaños, quienes desaparecieron en abril de 1995, cuando salían de un restaurante en Polanco, en el Distrito Federal. La madre de los jóvenes, María Castaños, culpó mediante cartas públicas a Ramón Arellano Félix. Días después, Abdelia Meza Castaños y Eduardo Gómez Meza, hija y nieto de la señora Castaños, fueron acribillados en el Centro Comercial Minarete de Tijuana.

Gustavo Miranda Santacruz, “El Tavo Tortas”, fue otro de los narcojúniors de los que ya no se supo desde 1996. En esa fecha lo balearon en la garita Tijuana-San Ysidro y versiones aseguran que quedó inválido y que aparentemente entró al sistema de protección a testigos.

MATANZAS URBANAS DE RAMÓN

Los asesinatos cometidos por Ramón Arellano Félix calaron hasta los huesos a los ciudadanos de Tijuana. El temor de encontrarse en el fuego cruzado entre pistoleros tuvo en Baja California uno de sus primeros orígenes.

El periodista Said Betanzos asegura que uno de los primeros casos se dio en 1988, cuando Ramón ingería cervezas con los hijos del narcotraficante José Contreras en una zona residencial de la ciudad.

Con la música de banda a todo volumen, provocaron el malestar de los vecinos, por lo que el agente de Migración retirado Héctor Raúl Gastélum le pidió que le bajara al ruido. Sin mediar palabra, Ramón le disparó.

Otro caso fue el de Erick Rothenhaustler, hijo de una pudiente familia de Tijuana. Se divertía en la discoteca Oh! y encaró a los hijos de José Contreras.

Los jóvenes no le hicieron caso y se fueron. Pero Ramón se acercó y le disparó en la cara.

Meses después fue al Tijuana Tilly’s. Uno de sus amigos se encontraba en el balcón con bebidas alcohólicas. Ramón quiso subir a unirse a su amigo, pero el policía de la entrada se lo prohibió.

-¿Qué no sabes quién soy?, fue la pregunta de Arellano Félix.

La respuesta del policía fue que no le permitiría entrar con las cervezas. Ramón dejó las bebidas en el piso, se acercó, y le disparó en el pecho y la cara.

LOS LEVANTONES

Erick Díaz era un joven agente de la Policía Municipal de Mexicali. Entusiasta por estar dentro de la corporación, le platicaba a su madre Alma Díaz, los planes que tenía para empezar a hacer carrera policial.

Fue invitado a una fiesta el 7 de junio de 1995 en el fraccionamiento Jardines del Lago de la capital de Baja California, donde se encontraban los altos mandos de la corporación. Alma recuerda que Erick salió de su casa con unos cassettes de música norteña en la mano.

De acuerdo con los testimonios, la persona que se encargó de preparar la comida, les dio un “aventón” a Erick y otros tres policías y un bombero. Jamás se volvió a saber de ellos.

Alma confió que compañeros agentes de su hijo primero le dijeron que “Erick estaba comisionado”, luego le aclararon que estaba desaparecido. Al iniciar la madre una búsqueda de información que la llevara al paradero de su hijo, se encontró con la realidad de la corrupción que imperaba en la Policía Municipal de Mexicali.

De acuerdo con las investigaciones, en la desaparición de su hijo podría estar relacionado Armando Martínez Duarte, conocido como “El Loco”, ex jefe de la Policía Federal, preso en el Penal del Altiplano y quien fue acusado y sentenciado por sus vínculos con el cártel Arellano Félix.

A pesar de los indicios de que estuvo involucrado en varias desapariciones, nunca se le ha interrogado oficialmente sobre este tema.

Todo empezó en Tijuana

Fueron los hermanos Arellano quienes marcaron una nueva pauta en el mundo del narcotráfico… Aquella que corrompió el tejido social y transformó a México para siempre “El cártel Arellano Félix fue crucial en la historia del narcotráfico en México. Sentó precedentes que agudizaron problemas sociales y de convivencia que hoy en día están presentes en la frontera de Baja California”, así lo asegura en entrevista el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro.

El especialista y residente de Tijuana, ciudad que albergó las principales operaciones de esta organización criminal, puntualizó que uno de esos problemas fue el promover el consumo de droga, que si bien es cierto ha estado arraigado en la frontera desde décadas atrás, tuvo su principal auge en la década de los 90, años en que tuvieron su mayor influencia los hermanos Arellano Félix.

Otra de las particularidades con las que este grupo marcó la pauta, fue el reclutamiento de jóvenes de estrato social medio y alto que luego se convirtieron en el grupo conocido como los “narcojúniors”, antecedente inmediato de la corrupción del mundo criminal del tejido social.

Según Clark Alfaro, ésa fue una de las primeras expresiones del narcotráfico que afectaron a la sociedad tijuanense.

“Desde entonces quedó trastocada la sociedad por el narcotráfico y no se ha recuperado. Ahora, lamentablemente, vemos una sociedad muy impregnada y penetrada por el narcotráfico, particularmente entre los jóvenes”, subrayó.

El nacimiento y auge del cártel Arellano Félix no sólo exacerbó la violencia, también marcó la ruta crítica del crimen organizado que hoy ha trastocado los principales rubros de nuestra sociedad.

LOS ACUSADOS

Benjamín Arellano Félix, Ramón Arellano Félix, Francisco Javier Arellano Félix, Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Ismael Higuera Guerrero, Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez y Armando Martínez Duarte.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA CRIMINAL

– Enriquecimiento ilícito con la venta de drogas ilegales.

– Preservar y controlar su territorio a través de la intimidación, amenazas, secuestro, tortura y asesinato.

– Intimidación de rivales, informantes, testigos, agentes de la ley, medios de comunicación y a la sociedad en general.