Torreón, Coahuila.- En el tema de la deuda bancaria que enfrenta Coahuila no basta con castigar a los exservidores públicos responsables, se debe reestructurar para bajar los intereses y también hay que ir tras los banqueros y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda que la autorizaron.

Lo anterior sin detenerse en que estaban de por medio autorizaciones falsas del Congreso estatal, coincidieron candidatos al Gobierno del Estado durante el segundo y último debate en el camino a la contienda del 4 de junio.

Entre acusaciones de corrupción, retos para transparentar sus finanzas personales y responder sobre acciones del pasado, los siete candidatos salieron con vida durante el encuentro de este jueves por la noche en el teatro Nazas de Torreón, cuya asistencia esperada de 700 invitados con dificultades llegó a la mitad.

Afuera del recinto hubo empujones entre policías y la senadora Silvia Garza, y los diputados federales Karla Osuna y Marko Cortés por un malentendido sobre las acreditaciones.

Pero adentro reinó orden y esta vez el moderador Carlos Puig ayudó al Instituto Electoral de Coahuila a sacar la espina del primer evento en Saltillo, donde Ana María Salazar se equivocó una y otra vez.

“Vamos con los verdaderos protagonistas de esta noche: los candidatos al Gobierno del Estado”, dijo Puig para dar la pauta al inicio a las rondas de propuestas sobre desarrollo económico, finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas, y desarrollo social.

Marcan sus intereses

El candidato de Movimiento Regeneración Nacional, Armando Guadiana Tijerina, centró el debate en el endeudamiento que heredó la actual Administración. Calificó de “inadmisible” que de 2012 a 2016 la Secretaría de Finanzas haya cubierto 17 mil 500 millones de pesos por servicio de la deuda y este año vaya a cerrar con 3 mil 500 millones más. Advirtió que en el catálogo de castigos se debe incluir a los acreedores que dieron el visto bueno a la deuda.

“En el costo de la deuda todos se han referido a que van a castigar a los Moreira y los más encumbrados, y claro que se tienen que castigar, pero lo que nadie dice es que los contratos también tienen que ver con ilícitos de los banqueros que hicieron esos contratos.

“Por eso vamos a dar instrucciones al procurador para que en la primera semana del nuevo gobierno, sin más trámite inicien las investigaciones y se auditen todos los contratos de crédito porque hay muchos que están en ilícito y se harán las reclamaciones correspondientes a los banqueros que hayan otorgado los créditos sin autorización del Congreso”, expuso.

El independiente Javier Guerrero García también aprovechó el tiempo de sus intervenciones para cuestionar la ilegalidad de la deuda.

“Hubo una acción criminal pensada; hay que investigar, castigar, meter a la cárcel a quienes cometieron este atraco”, pero al mismo tiempo “crear los instrumentos legales que nos permitan recuperar recursos y renegociar con los bancos.

“Ellos también tuvieron responsabilidad en el desastre financiero y no podemos pagar mas de 3 mil millones de la deuda cada año y no tener oportunidad para medicamentos y tener quebrado el sistema de pensiones”.

Hacer y castigar

El priista Miguel Riquelme, de la coalición Por un Coahuila Seguro, dijo que su gobierno haría lo necesario “para castigar a quien haya que castigar” por los delitos en torno al endeudamiento de más de 35 mil millones de pesos.

Para José Angel Pérez Hernández, del Partido del Trabajo, es indispensable hacer “un análisis financiero agudo en torno a la megadeuda en el que se busque el ahorro por el pago de intereses y junto con la reestructura tendrá que venir cárcel a los corruptos”.

Mary Telma Guajardo Villarreal, del PRD, recriminó al panista Guillermo Anaya Llamas pues como senador “no impidió que el Gobierno de Felipe Calderón firmara el aval a través de la Secretaría de Hacienda para la autorización de los créditos”, con lo cual “lo único que se comprueba es que priistas y panistas son cómplices de la megadeuda”.

Desatan la guerra

Los candidatos al Gobierno del Estado no desaprovecharon el debate para echarse en cara actos de corrupción, malas prácticas de gobierno y complicidades. “Ya apareció la bestia negra, la guerra de lodo en la que destaca quién tiene la casa más grande, o cuánto se llevaron de los moches. No voy a caer en eso, ofrezco cumplir y hacer cumplir la ley”, atajó el independiente Javier Guerrero.

Guadiana cuestionó a Anaya y a Riquelme pues “no han aceptado el reto de dar a conocer sus declaraciones fiscales de los últimos 10 años.

“Acepten el reto, es una oportunidad para que se defiendan ante la acusación de que no justifican sus lujos con su nivel de ingreso de legisladores o diferentes puestos que han ocupado en el sector público”.

El candidato del PT, José Angel Pérez Hernández, traía municiones para todos. Cuestionó a la perredista Mary Telma Guajardo por su cercanía con el poder, entre otras cosas para acceder a una notaría pública a favor de su hermana Blanca Nelly y al independiente Luis Horacio Salinas Aguilera, por ser proveedor del Gobierno estatal.

El panista Guillermo Anaya, de la Alianza Ciudadana por Coahuila, y el priista Miguel Riquelme, los dos exalcaldes de Torreón, pasaron la noche en un toma y daca con señalamientos sobre corrupción y deuda.

Según Anaya, su contrincante multiplicó la deuda municipal al pasar de 330 millones a 3 mil 500 y Riquelme contraatacó con datos sobre 60 millones de pesos en pasivos que el panista habría ocultado de la cuenta pública al enviarlos a los libros del Simas. “En las únicas finanzas que eres exitoso es en las tuyas y de tu familia”, le dijo.

El panista reviró al decir que está en condiciones de viajar a Estados Unidos sin temor de ser detenido, pero el priista volvió a la carga al mostrar diversas publicaciones sobre su presunta relación con el crimen organizado y la presentación de declaraciones patrimoniales falsas.

Al final, todos sobrevivieron.