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hace 1 año
[Nacional]

Crimen tiñe de sangre elecciones

En un acto de intimidación, los grupos armados atentan contra la clase política

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Crimen tiñe de sangre elecciones
Ciudad de México.- Aspirar a un cargo público a nivel local representa un peligro de muerte en algunas regiones de México.

Al menos 15 aspirantes a una alcaldía o diputación han sido asesinados en el actual proceso electoral; 12 buscaban una presidencia municipal y tres llegar al Congreso estatal.

Guerrero concentra la mayoría de los casos con ocho, entidad en la que se elegirán 80 ayuntamientos y 46 diputados locales.

Uno de los territorios donde destaca la violencia es Zihuatanejo. La intención de llegar a la alcaldía les ha costado la vida a tres aspirantes con pasado perredista: Marino Catalán Ocampo, Homero Bravo Espino y Miguel Solorio Figueroa, quien buscaría la vía independiente.

También fueron asesinadas con cuatro días de diferencia dos precandidatas a diputadas por el Distrito XXV, en Chilapa, la perredista Antonia Jaimes y la priista Dulce Rebaja, quien era funcionaria en el Gobierno estatal y un día antes había tomado la coordinación del partido tricolor en ese territorio.

Las otras víctimas en la entidad fueron Armando Arturo López Solano, aspirante de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Quechultenango; Ángel Vergara Chamú, quien buscaba ser munícipe por el mismo partido en Ajuchitlán del Progreso, y Adolfo Serna Nogueda, precandidato del PRI a gobernar Atoyac de Álvarez.

El pasado 13 de marzo, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió que el actual proceso electoral ha registrado niveles inéditos de violencia.

CONTEXTO VIOLENTO

Además de los asesinatos de aspirantes a un cargo público en el actual proceso, desde septiembre se han acumulado otras 49 homicidios de funcionarios, exfuncionarios y dirigentes partidistas en territorios donde habrá elecciones.

Siete alcaldes en funciones fueron ultimados: Sergio Antonio Zenteno, en Chiapas; Crispín Gutiérrez en Colima; Arturo Gómez Pérez, en Guerrero; Stalin Sánchez González, en Michoacán; José Santos Hernández, en Oaxaca; Manuel Hernández, en Puebla, y Víctor Manuel Espinoza, en Veracruz.

El diputado local jalisciense Saúl Galindo fue baleado en el municipio de Tomatlán y 11 regidores de 10 entidades también murieron asesinados, además de cuatro dirigentes partidistas.

Otras víctimas son exfuncionarios públicos, 10 exalcaldes y dos exdiputados locales.

La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), que aglutina a 49 ayuntamientos emanados del PAN, ha registrado que, durante la Administración de Enrique Peña Nieto, se han asesinado a 23 alcaldes en funciones, cinco alcaldes electos y 44 exalcaldes.

Esos 71 homicidios se suman a 46 casos del mismo tipo registrados en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012). En comparación, esto representa un incremento del 48% de un sexenio a otro.

Según la ANAC, que haya más de 100 homicidios contra ediles en 12 años es reflejo de una estrategia del crimen organizado para debilitar al Estado atacando su eslabón más débil y desamparado.

“Los ataques por parte de los cárteles contra alcaldes, ya sean en funciones, electos o exalcaldes, están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación y restablezca un espacio en el que las organizaciones delictivas puedan funcionar bajo un alto grado de impunidad”, señala la Asociación.

Frente al incremento de la violencia contra munícipes, la ANAC consideró urgente diseñar un protocolo para la seguridad y protección de alcaldes, que propuso al Gobierno y al Congreso.

‘SIN ESTRATEGIA’

La investigadora Sandra Ley, especialista en violencia y elecciones, recuerda que las agresiones hacia funcionarios del nivel municipal se volvieron sistemáticas con la implementación de la guerra del narco, en diciembre de 2006.

La especialista explica que este nivel de Gobierno es crucial para el crimen porque es donde obtiene información, fuentes de financiamiento y control territorial.

Indica que la política de seguridad implementada desde la Federación repercute en los territorios municipales.

Se invierte en estrategias como la Gendarmería Nacional o el Mando Único, pero se deja a un lado lo municipal.

“Hay mucha evidencia sobre cómo la apuesta por desarticular los cárteles a través de la eliminación de líderes no tiene un efecto sustantivo en la reducción de la violencia. Pero en lo local genera en el crimen organizado la creciente necesidad de financiamiento para seguir peleando por territorios”, puntualizó.


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