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[Nacional]

Da FGR protección a la mafia rumana

Exhiben conflicto de interés en favor de la organización internacional

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Da FGR protección a la mafia rumana
Foto: Especial
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Ciudad de México.- Agentes federales denunciaron que la operación de una organización delictiva de origen rumano en Quintana Roo, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a nivel mundial, tiene la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Elementos de corporaciones descubrieron en el caso un conflicto de interés de Camilo Constantino Rivera, jefe de Unidad en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según denuncias presentadas días atrás ante el Órgano Interno de Control de la FGR y la Secretaría de la Función Pública.

Los escritos, a los que tuvo acceso Reforma, señalan que un hermano del funcionario de la FGR, Jesús Constantino Rivera, es escolta y abogado del grupo de Florian Tudor, identificado como el líder de la banda rumana que estafa a turistas mediante una red de cajeros "Intacash".

Los investigadores federales alertaron que mientras el caso de la red de clonadores se encuentra congelado, la Fiscalía Anticorrupción aceleró las diligencias contra los agentes que indagan a los rumanos por supuestos abusos de autoridad, amenazas o cateos ilegales.

Florian Tudor y sus socios, Adrián Nicolae Cosmin y Chakib Naif Al Boustany, son investigados por el FBI por fraudes cometidos en EU y países de Europa.

Camilo Constantino es jefe de Investigación y Litigación de la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos, y tiene abierto el expediente FED/FECC/UNAI-QR/00000287/2019 contra marinos, soldados, agentes de la FGR y hasta policías locales, por abusos contra los rumanos.



El año pasado, Tudor, presunto líder de la mafia rumana, y Adrián Nicolae Cosmin fueron detenidos por militares en un retén y entregados a la delegación de la FGR en QR.

Se les decomisó una pistola y 500 mil pesos en efectivo. Tudor alegó que el arma fue "sembrada" y además acusó que intentaron extorsionarlo.

Luego, en mayo de ese año, un juez autorizó cateos a tres inmuebles de los rumanos.

Nuevamente Tudor aseguró que le sembraron armas y acusó que los cateos fueron ilegales.


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