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[Nacional]

Desplazados guatemaltecos, entre dos gobiernos indiferentes

Por casi 30 años, unas 111 familias vivieron en la comunidad de Laguna Larga, hasta donde llegaron huyendo de la guerra

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Desplazados guatemaltecos, entre dos gobiernos indiferentes
Fotos: Isaín Mandujano / Proceso
Municipio de Candelaria, Campeche.- Desterrados de la comunidad de Laguna Larga, en la selva del Petén, cientos de guatemaltecos sobreviven desde hace más de 28 meses en condiciones precarias.

Están en una franja fronteriza entre México y su país, que ellos consideran “territorio neutral” o “zona franca”, y exigen al gobierno guatemalteco el retorno a sus tierras o la reubicación para vivir dignamente.

Dos líneas de chozas con techo de palma o tejas de lámina, paredes de varas o plástico y lonas, se extienden en ambos lados de la frontera. Originalmente llegaron huyendo del Ejército y la policía guatemaltecos unas 450 personas de origen campesino que conformaban 111 familias, pero sólo permanecen ahí 350 personas de 91 familias.

Con temperaturas de hasta 40 grados, han soportado torrenciales aguaceros y el ataque permanente de los zancudos durante más 28 meses. Procuran hacer vida comunitaria de manera provisional en 10 metros del lado mexicano y otro tanto del guatemalteco, dicen que para cruzar la frontera en sentido contrario hay peligro de que los amenacen o que la autoridad los persiga.



Durante casi 30 años vivieron en Laguna Larga, comunidad enclavada en la Selva de El Petén, adonde se refugiaron de la guerra sucia de los ochenta. Todo cambió cuando les dijeron que ya no podían vivir ahí y que toda la selva era un área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Maya, como lo decretó en 1990 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la selva tenían recursos para vivir dignamente sin pedirle nada al gobierno de su país, consumían lo que cosechaban junto a una laguna de aguas cristalinas: maíz, frijol, chihua (calabaza) y otros productos, que también comercializaban con sus vecinos del lado mexicano: la comunidad campechana de El Desengaño, municipio de Candelaria.

El 2 de junio del 2017 la autoridad les avisó que serían desalojados. Cargaron lo que pudieron en la espalda y en las cuatro camionetas todoterreno del pueblo. Unos mil 500 miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil, la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y guardaparques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) quemaron sus viviendas.

En un testimonio recogido por la asociación civil chiapaneca de apoyo a migrantes Voces Mesoamericanas, un campesino relata:

“Ese día que se llegó el desalojo fue una tormenta increíble: lamentos, llantos de esos niños, de esas mujeres, se perdieron vidas. Las mujeres que iban embarazadas perdieron su bebé, fue increíble ese desalojo, nunca en mi vida había vivido y oído un desalojo como nos sucedió a nosotros, perdimos todo; 17 años para hacer una casita y para que la destruyan en un par de segundos… duele. Las mujeres, al ver su casa que estaba incendiada… fue increíble ver las situaciones de las pobres mujeres… se quedó todo abandonado: animales, cosas, todo lo que uno tiene en su casita.”

Al principio el cruce de los campesinos al territorio mexicano en busca de comida y medicinas alertó a la población de El Desengaño, que lo reportaron al Ejército, el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras corporaciones federales, cuyo personal se percató de que en esos campamentos improvisados, en plena temporada de lluvias, cientos de personas imploraban ayuda.

Según el informe de Voces Mesoamericanas, “este desalojo fue implementado bajo la permisividad del gobierno mexicano y organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes meses y semanas anteriores tuvieron conocimiento de la orden y operativo de desalojo”.

Añaden que, a sabiendas de que más de 400 personas no tenían dónde refugiarse, las dejaron inermes mientras privilegiaban el enfoque de la seguridad nacional, el resguardo y “protección” de la frontera. Todo ello en franca inobservancia de los estándares internacionales en materia de poblaciones desplazadas y refugiadas, y sin entablar un diálogo internacional a fin de proteger preventivamente, y ahora durante la crisis humanitaria, a la comunidad.

Aunque la ayuda del gobierno mexicano fue mínima, organizaciones civiles como Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el albergue La 72, el Hogar Refugio para Personas Migrantes, A.C., Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C., y Resistencia Civil de Candelaria, llevaron víveres y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que emitiera medidas cautelares en favor de los desplazados.



La CIDH otorgó la medida cautelar en septiembre de 2017 para exigir al gobierno de Jimmy Morales que protegiera la vida e integridad de las familias desplazadas de Laguna Larga, pertenecientes a las etnias mayas Q’eqchi y Chuj, así como mestizos. Sin embargo ya pasaron 28 meses y su precariedad no ha cambiado: en consecuencia, han fallecido 12 personas.

Destierro

El pasado 20 de octubre el procurador de derechos humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, visitó por vez primera el campamento con el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, invitados por las organizaciones civiles Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala y la Red Todos los Derechos para Todos.

Rodas Andrade y Corzo Sosa llegaron al campamento en un pequeño vehículo de redilas cuatro por cuatro, de suspensión alta y neumáticos anchos, debido a las pésimas condiciones del único camino que pueden usar los desplazados hacia México; del otro lado los esperan los soldados guatemaltecos.

Ambos defensores de los derechos humanos recorrieron las champas o chozas, las letrinas y la galera acondicionada como escuela para más de 100 niños. Comprobaron que el agua de la laguna cercana no es apta para el consumo humano y las condiciones del pozo del que extraen el agua para beber. Al mismo tiempo, una brigada de médicos del Servicio y Desarrollo Comunitario, AC-Universidad Autónoma Metropolitana de Palenque, encabezados por Joel Heredia y Fulgencio Díaz, buscaban enfermos choza por choza, pesaban a los niños y atendían a embarazadas.

Ese domingo el calor fue sofocante, a 35 grados y con alto grado de humedad, después de tres días sin lluvia. En compensación, eso hizo algo transitable el camino al campamento y permitió realizar una asamblea con los desplazados.

Edgar Pérez Archila y Rubén Domínguez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala; así como Fernando Ríos y Ángeles Hernández de la Red Todos los Derechos para Todos de México, ratificaron su acompañamiento a las familias. Tras la intervención de Rodas Andrade y Corzo Sosa, las mujeres, quienes fueron las primeras en ocupar sus lugares, reclamaron que el gobierno de Jimmy Morales los mantuvo en el abandono durante estos 28 meses y que el próximo enero entregará el poder al conservador Alejandro Giammattei.

Admitieron que la autoridad de su país pretendía reubicarlos, pero los líderes de la comunidad desplazada comprobaron que se les ofrecían tierras infértiles, pedregosas y sin agua, a cambio de los parajes selváticos donde vivieron tantos años en armonía con la naturaleza.

Don Constantino Vázquez Súchite, de 72 años, fundador de Laguna Larga y desplazado en el campamento fronterizo, relata que después de la firma de la paz en Guatemala sus familias buscaron un lugar seguro para vivir y lo encontraron en la selva del Petén, pero no imaginaron que la violencia los alcanzaría de nuevo.

Desde su punto de vista, pese a la declaración de ese territorio como área natural protegida, detrás del desalojo está el interés del gobierno guatemalteco y empresas trasnacionales de explotar el hallazgo de una zona arqueológica y sus recursos naturales, pues existen proyectos de perforación de pozos petroleros, extracción minera y el acaparamiento del agua, entre otros negocios.

Con tal de librarse de los pobladores el gobierno de su país los acusa de producir drogas y traficarlas, pero nada de eso es cierto, asegura Vázquez Súchite, quien fue designado para acompañar a los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala a una audiencia el 10 de noviembre con la CIDH en Ecuador, donde se hará una revisión y seguimiento a las medidas cautelares.



No solicitarán refugio

Julián Zacarías García, otro desplazado de Laguna Larga, contó que el lugar más cercano para pedir ayuda, comida y medicinas, es la comunidad mexicana de El Desengaño, adonde ya solían emplearse como jornaleros en ranchos ganaderos y ejidos.

Obdulio Rivera, dueño de uno de los vehículos todoterreno que permiten a los pobladores entrar y salir del campamento, dice que durante ocho años fue un soldado kaibil, adiestrado para matar sin piedad en tiempos de la guerrilla. Como a los otros militares, le vendieron la idea de que la guerrilla era mala, pero con el tiempo se dio cuenta de que la rebelión tenía causas concretas que él mismo está padeciendo: el gobierno por el que arriesgó su vida le ha dado la espalda, lo reprime y lo hace huir junto a su familia.

Otros pobladores sirvieron como él en el ejército o bien fueron guerrilleros. Ahora los une la persecución y el despojo de que son objeto.

Marvin Gonzalo Pérez Muralles, presidente del Comité Comunitario de Desarrollo (Cocodes), dice que a través del procurador de derechos humanos esperan presionar a Jimmy Morales, a quien por mas de dos años le han pedido el retorno provisional a Laguna Larga “por razones humanitarias”.

“Al Estado no se le ha visto voluntad política de ceder –explica el activista–. Nuestra esperanza es que el nuevo presidente tenga la buena voluntad, que nos dé el retorno provisional… Si la ley determina que no puede haber personas donde originalmente estaba Laguna Larga, que se nos dé otra opción, viable y digna.”

Aldo Ledón, de Voces Mesoamericanas, aclara que los desplazados no buscan obtener el estatus de refugiados en México, sino pretenden volver a su tierra, pero coincide en que Laguna Larga es la primera de decenas de comunidades enclavadas en la selva del Petén que el gobierno de su país quiere desalojar.

Por otra parte, admite que muchos mexicanos rechazan todo lo que suene a migración y migrantes, pero además no han querido pedir refugio oficialmente porque eso implica renunciar de facto a un retorno por el que pugnan desde hace 28 meses, con la sola ayuda de organizaciones civiles como Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), fundada por el obispo Samuel Ruiz García, que el 26 de octubre les llevó víveres.

Para Rubén Domínguez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, el próximo gobierno es de continuidad ideológica respecto del saliente, pero hay cierta apertura:

“Existe una esperanza. Creo que no tan pronto, pero a mediano plazo considero que sí. (los desplazados) han buscado acercamiento con el presidente electo y tienen buena recepción con personas cercanas. A eso apelarán, no obstante lo que se lleva a nivel jurídico en Guatemala y en el ámbito internacional.”

Menciona que en su organización no gubernamental y en el gobierno hay interés de continuar los diálogos, pero “si eso no se logra, al menos se deja evidenciado el camino que se ha hecho, la lucha que se ha hecho y que si la comunidad llegara a decidir regresar por sí sola, la vamos a acompañar en su lucha”.

Domínguez, que en su niñez vivió como refugiado en Campeche de 1986 a 1996, reflexiona: “Tengo la plena conciencia de que las razones, los motivos que llevaron a nuestro país a un conflicto armado de 36 años, siguen vigentes… es tan evidente que no se necesita mayor conocimiento para saber que la pobreza está aumentando, que la desnutrición está aumentando; tenemos 75% de la población en extrema pobreza, desnutrición alrededor de 40%”.

Para el gobierno, reprocha, “los campesinos no tienen derechos, no existen. La retórica es que los campesinos son un estorbo porque no aportan a la sociedad, al gobierno, al Estado; entonces tenemos una lucha bien clara y nos podemos hacer ojos ciegos”.




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