Saltillo, Coah.- Más de mil personas en Coahuila han sido inhabilitadas de sus derechos políticos y por lo tanto están imposibilitadas de votar o siquiera de obtener su credencial de elector debido a que pesa sobre éstas una orden de aprehensión por diversos delitos.

“El padrón se está actualizando gracias a un convenio con el Poder Judicial, que mes a mes nos da la relación de personas que han cometido un delito y que tienen que enfrentar un proceso penal”, dijo el vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Coahuila, Mario Alberto Vázquez.

A estos casos habría que sumar al menos otros 145 que también están en peligro de perder sus derechos o, lo que es peor, de ir a la cárcel por tratar de engañar a las autoridades electorales.

“Sólo de datos irregulares tenemos 372 casos en todo el estado, de los cuales se levanta un reporte de los que no se genera credencial hasta que nos presenten la documentación para poder cotejarla” comentó el vocal.

De acuerdo con el funcionario del IFE, las personas se presentan generalmente en los módulos con información personal que resulta no coincidir o que presenta ciertos detalles que no son correctos.

Suponemos –argumenta– que la mayoría no son con dolo, sin embargo a la fecha, en lo que va de este año, al menos los casos de 25 personas han sido turnados a la Dirección Jurídica para proceder con la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.

“Es un delito penal el falsear información porque nos estás diciendo que te llamas ‘Juan Pérez Rodríguez’ y de repente nos la cambias diciendo que eres ‘Juan Rodríguez Pérez’, y entonces como nosotros cotejamos con las actas de nacimiento originales, pues inmediatamente se genera una denuncia, advirtió.

De acuerdo con el RFE, en estos momentos se tienen 10 notificados en campo que se están verificando (…) “mientras que a 25 no les procedió la expedición e inmediatamente fueron turnados a la Dirección Jurídica para hacer la denuncia penal correspondiente, aunque 227 ya fueron liberados debido a que pudieron presentar toda la información y coincidió con la que tenía el Registro Nacional de Población”.