Saltillo, Coah.- Las voces de rechazo a la aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno de Felipe Calderón vienen desde todos los frentes y cada vez más ciudadanos, organismos empresariales, sociales y políticos se incorporan al reclamo, pues tienen la certeza de que la medida no resolvería los problemas financieros del país y en cambio sí recrudecería la economía de millones de familias mexicanas.

Los inconformes con el proyecto fiscal que la administración federal encamina en el Congreso de la Unión para el 2010, lamentan particularmente que Calderón utilice la problemática de pobreza vigente en el país en un intento por conseguir su objetivo de incrementar la carga fiscal prácticamente a todos los ciudadanos.

“Es una burla que se aviente a quienes han sido olvidados permanentes: los pobres y ahora se les convoca como un título de presentación y de justificación a estas medidas económicas totalmente violatorias de la economía popular. Dicen que las medidas son en nombre de los pobres, en beneficio de los pobres, pero en realidad los van a afectar más”, anotó el sacerdote Pedro Pantoja Arreola, integrante del Consejo Ciudadano Permanente de Coahuila.

Además de pretender el establecimiento de un impuesto del dos por ciento al consumo de cualquier producto, el Gobierno federal impulsa un incremento del cuatro por ciento en telecomunicaciones, 28 por ciento en las ventas de cerveza, 30 por ciento en el desarrollo de juegos de apuestas y sorteos y entre otros, incrementar dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, hasta ahora ha sido generalizado el rechazo al mencionado plan fiscal que se podría aplicar a partir del próximo año.

El 95 por ciento en contra

Una encuesta elaborada por el Colegio de Abogados de México, en la que se consultó telefónicamente a mil 315 personas, evidencia el sentir ciudadano, pues sólo el cinco por ciento optó a favor de la nueva carga impositiva.

El sondeo también muestra que el grueso de las opiniones va en contra de la política fiscal de Calderón y considera que en lugar de afectar los ingresos de la población, las autoridades deben reducir sus gastos ordinarios a fin de allegarse los recursos suficientes para combatir la pobreza.

Por ejemplo, el 73 por ciento de los encuestados pide al Gobierno federal reducir sus gastos como medida para enfrentar la falta de recursos encaminados a programas sociales y el 32 por ciento considera que la falta de dinero que tiene el gobierno de Calderón es consecuencia de gastos no indispensables hechos en su administración.

Además la mitad de los consultados está a favor de que servidores públicos de primer nivel en todos los ámbitos de gobierno se reduzcan su sueldo a fin de inyectar ese recurso al combate a la marginación, según la encuesta denominada “Perspectivas y Expectativas de la Población” que se levantó durante la segunda semana de septiembre.

Empresas mexicanas a la quiebra

Al respecto, organismos privados como la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), difundieron en algunos periódicos de circulación nacional un pronunciamiento donde rechazan el incremento del cuatro por ciento en la tasa impositiva del rubro de las telecomunicaciones.

Quien también se ha manifestado en contra del paquete fiscal es la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Regular, cuyo presidente, Jorge Cárdenas Romo, advirtió que los nuevos impuestos y el incremento de los ya existentes llevarán a la quiebra a cientos de empresas mexicanas y desanimará a capitales interesados en invertir en las diferentes regiones del país.

En tanto, el corporativo industrial Femsa, que administra la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, estimó que las imposiciones fiscales a los productos que manejan ocasionarán que el costo de la cerveza se incremente en al menos un 11 por ciento.

Dijo que lejos de generar empleos e incrementar la base tributaria, la propuesta fiscal de Calderón desalentará el consumo y las inversiones en los diferentes sectores de la industria y el comercio.

Llamado de Humberto Moreira

Quien también se pronunció en contra de la propuesta y llamó a los legisladores federales a no aprobarla es el gobernador del Coahuila, Humberto Moreira Valdés, pues consideró que el impuesto del dos por ciento a la producción y ventas incrementará la pobreza y no significará incrementos considerables en los ingresos para estados y municipios.

“En el paquete (fiscal) que se presenta no está dicho cuánto es a estados y cuánto a municipios, eso se quedó en el aire. Se habla de un impuesto a la pobreza, tendría que ser un impuesto fuerte porque va a haber más pobres cada día con estos impuestos”, anotó hace un par de semanas, al conocer la iniciativa del Gobierno federal.

Indicó que “de los 70 mil millones de pesos que generaría el nuevo impuesto”, sólo un 20 por ciento, es decir, 14 mil millones, se canalizaría a los estados “y si nosotros vemos cuánto le queda a Coahuila, serían 350 millones para el estado, de los cuales a los municipios les tocarían 52 millones de pesos”, de acuerdo con el cálculo de cómo se distribuyen las participaciones federales actualmente.

Dijo que “ese dinero surgiría a cambio de un sacrificio serio que tendría la población y si este año nos tumbaron (al estado) 2 mil millones (en participaciones federales), yo prefiero que nos tumben los 350 millones y que no le encajen el colmillo a la gente”.

Si bien el bloque de diputados federales del PRI de Coahuila, han anticipado que no avalarán ningún incremento fiscal que atente en contra de los pobres y desaliente el consumo, hay riesgos de que legisladores del tricolor de otras entidades del país sí respalden la medida.

Por ejemplo, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, reconoció hace un mes que al seno de la bancada se analiza la posibilidad de avalar la pretensión impositiva del Gobierno federal siempre y cuando se elimine de la propuesta la aplicación del dos por ciento al consumo.

Sin embargo, la eventual aprobación del PRI a la propuesta fiscal de Calderón dejaría de lado las voces de millones de ciudadanos que rechazan la medida.