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Ilegalidad de FGR ampara a Ancira

Confunden causales para funcionarios públicos, que no son para empresarios

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Ilegalidad de FGR ampara a Ancira
Se alarga el proceso de extradición del dueño de Altos Hornos Alonso Ancira desde España a México.
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Monclova, Coah.- Una juez federal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) exponer las razones y fundamento de una “declaración jurada” que envió a España para apoyar la petición formal de extradición de Alonso Ancira, ya que esa figura legal no existe en México.

Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, otorgó al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) la protección de la justicia para que le garanticen su derecho de petición.

El origen de este litigio está en una declaración jurada de Miguel Ángel Ortega Sánchez, fiscal de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR, enviada el 11 de noviembre de 2019 al Reino de España, para apoyar la petición formal de extradición contra Ancira.

En ese documento, el funcionario menciona que el dueño de la siderúrgica era investigado por los delitos de cohecho y uso indebido del servicio público, ilícitos que en realidad están previstos principalmente para servidores públicos.

Decidirá sentencia tribunal colegiado

El pasado 15 de enero pasado uno apoderado del empresario solicitó por escrito a Ortega informarle si los hechos y dichas clasificaciones jurídicas derivaban de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, que dio origen a la extradición, o alguna otra.

También le requirió entregarle los antecedentes de dicha indagatoria y el fundamento que justifica que, en su calidad de fiscal, está facultado para elaborar una “declaración jurada”, misma que no forma parte de la carpeta de investigación que dio lugar a la orden de aprehensión por lavado de dinero.

Ante la falta de respuesta de Ortega Sánchez, Ancira presentó el amparo que ahora le ha sido concedido por la juez Robledo Magaña, para que contesten las preguntas de su petición.

La FGR impugnó el fallo, por lo que será un tribunal colegiado de esta capital el que decida en definitiva si confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia.


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