Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un expediente de queja en contra de la autoridad municipal de San Martín Peras, por haber castigado a latigazos a una mujer que pretendía formar parte del Cabildo.

Según la queja de Gabriela Maldonado Rivera, por órdenes del presidente municipal Santiago Ramírez Cervantes fue golpeada el pasado domingo cuando insistía en exigir sus derechos políticos. Dos mujeres más, Rosa Aguilar y Marina Díaz, también han sufrido amenazas de muerte.

De acuerdo con la Defensoría, Gabriela Maldonado reclamó nuevamente ser víctima de actos de agresión por parte de dos policías municipales que, dijo, actuaron en su contra por órdenes orden del presidente municipal Santiago Ramírez y del síndico Sergio Rivera Flores, “en represalia porque la quejosa exigió su derecho a la participación política en el municipio”.

En un comunicado, añadió que que ya había intervenido para proteger los derechos humanos de la peticionaria, pues en noviembre de 2016 ella acudió a la oficina regional del organismo para quejarse tras recibir amenazas, hostigamiento e intimidación, debido a que ella y las ciudadanas Rosa Aguilar Ramírez y Mariana Días Ortiz exigieron ser tomadas en cuenta para la elección de autoridades de San Martín Peras, municipio ubicado en la región Mixteca del estado.

Por ese reclamo, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca inició el 3 de noviembre del año previo el expediente de queja DDHPO/SJ/56/(12)/OAX/2016, en contra de la autoridad municipal de San Martín Peras, por amenazas, hostigamiento e intimidación, además de que solicitó medidas cautelares para las peticionarias.

Por los últimos hechos, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que instruya a elementos policiacos a su cargo para que se coordinen con la Fiscalía General del Estado y brinden seguridad a la ciudadana Maldonado Rivera.

Asimismo, para que la Fiscalía gire instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda para que inicie un legajo de investigación por los delitos que lleguen a configurarse en el caso de la agresión reclamada por la ciudadana, y que realice el procedimiento de consignar el caso ante un juez para que éste ejercite acción penal si halla elementos probatorios.