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[Nacional]

Investigan a dos ex presidentes del PRI por caso Emilio Lozoya

Revisan movimientos de todos los altos directivos que intervinieron en la compra irregular e la planta de Agro Nitrogenados

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Investigan a dos ex presidentes del PRI por caso Emilio Lozoya
Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa Reza. Fotos: Archivo / El Universal
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Ciudad de México.- Por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los que integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con lo que publica El Universal, fuentes ministeriales le confirmaron que el 27 de septiembre del 2019, la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que no sólo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.

Por ello, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación sobre los señalamientos de la ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más cara de lo que se calculó, sino que 85 de los bienes que le costaron a Pemex aproximadamente 199.2 millones de pesos y que se vendieron como chatarra, representaron un pérdida de más de 182.4 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación identificó en su denuncia a los principales responsables de entre los 38 funcionarios y consejeros de Pemex, PMI Holdings, PMI Norteamerica, PMI Infraestructura y Desarrollo y Pro Agroindustria, involucrados en la operación,

En este sentido, además de Emilio Lozoya aparecen en la lista Edgar Torres Garrido, entonces asesor Ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agro Nitrogenados.

Asimismo Pedro Joaquín Coldwell, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, quien era subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Otros de los nombres que figuran son los de Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, quien fungía como subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Actualmente la carpeta permanece en integración, aún no ha sido presentada ante un juez federal y tampoco se han solicitado las comparecencias de los 38 exfuncionarios y asistentes señalados como presuntos responsables.

El Universal refiere una denuncia en la que la ASF señaló que la compra de dicha planta fue realizada a través de Grupo PMI y no de Pemex Petroquímica, como correspondía según el decreto que estableció la estructura, funcionamiento y control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, argumentó en sesión del 17 de diciembre del 2013 del Consejo de Administración, que había premura del gobierno federal para efectuar la producción de fertilizantes y que ninguno de los integrantes del consejo hiciera manifestación alguna para “evitar la consumación de un hecho irregular”.

“Al llevar la adquisición a través de Grupo PMI, se evitó que este proceso fuera del conocimiento del Comité de Estrategia e Inversión de Pemex Petroquímica y su Consejo de Administración, única empresa autorizada en el decreto antes mencionado para llevar a cabo la producción de productos petroquímicos y quienes contaban con la experiencia y especialización para realizar una adquisición de estas características”, indicó la Auditoría Superior de la Federación.

“Los integrantes del Consejo de Administración de Pemex tomaron conocimiento de actos indebidos al margen del marco jurídico que lo regula y sin realizar los pronunciamientos que sobre este aspecto estaban dentro de sus facultades para atender que la operación de compra de activos de la planta de Agro Nitrogenados se realizara por conducto de Pemex-Petroquímica”, señaló.
La Auditoría Superior de la Federación señaló que el daño por la adquisición de la planta es de 93.2 millones de dólares y que esta operación se realizó sin los estudios previos de integridad mecánica de equipos ni la revisión técnica de los bienes para clasificar los activos.


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