Por César Cepeda / Reporte Índigo / Monterrey, NL.- En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado hay dos magistrados que están prácticamente becados: cobran sin trabajar.

Juana García Aragón y Genaro Sánchez Martínez reciben cada mes 120 mil pesos como parte de su remuneración por ser magistrados de este Tribunal.

Pero hay un problema, que estos dos magistrados están impedidos en estos momentos para resolver controversias administrativas.

Y sin embargo cobran.

Juana García Aragón no está desempeñando sus funciones de magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, debido a la suspensión que obtuvo la magistrada Juana María Treviño Torres contra su destitución ordenada por el Congreso del Estado.

Pese a que no conoce de juicios ni controversias, la magistrada García Aragón cada mes recibe su remuneración íntegra de 120 mil pesos desde el mes de mayo, cuando fue sustituida por Treviño Torres debido a la suspensión de ésta.

Desde entonces García Aragón ha cobrado casi medio millón de pesos sin resolver ningún asunto administrativo.

En mayo, la magistrada Juana María Treviño Torres obtuvo una suspensión de parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado contra la destitución que hizo el Congreso del Estado de su nombramiento.

Treviño Torres acumula más de 10 años como magistrada de lo que era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y su desempeño ha sido cuestionado por autoridades, como Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro.

Ella asumió la primera sala ordinaria del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Ella ha cobrado su sueldo de magistrada de 120 mil pesos mensuales en los mes de junio, julio y agosto, mismo periodo por el cual ha recibido su salario la magistrada García Aragón.

Estos pagos están registrados en la nómina oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, disponible en la página de transparencia que tiene este organismo administrativo responsable de resolver controversias entre ciudadanos y autoridades.

El juicio presentado por Treviño Torres se analiza actualmente en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado, pero se espera que concluya hasta el próximo año cuando se resuelva de fondo el amparo.

Así que mientras, la magistrada continuará ejerciendo su cargo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por mandato judicial García Aragón seguirá cobrando su salario gratis, sin trabajar.

El caso del magistrado Genaro Sánchez Martínez es similar al de la magistrada García Aragón, pero son motivos diferentes por los cuales no ejerce su funciones.

Sánchez Martínez ha cobrado desde el mes de mayo su sueldo de magistrado de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal, pero ésta no está en operaciones.

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado designó a esta Sala para conocer los juicios orales como establece la reforma de justicia que está en implementación.

Sin embargo, este tribunal administrativo no cuenta actualmente con la infraestructura para llevar a cabo este tipo de procedimientos orales en sus instalaciones en la colonia Obispado.

El magistrado Sánchez Martínez tampoco tiene personal adscrito a su Sala ni mucho menos un presupuesto asignado.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado está integrado por una Sala Superior, encabezada actualmente por el magistrado Rodrigo Maldonado Corpus, amigo del gobernador Rodrigo Medina.

La Sala Superior la conforman también los magistrados Cruz Cantú Garza y José Manuel Guajardo, quienes fueron designados en el mes de abril por la pasada Legislatura.

El otro magistrado nombrado a una de las tres salas ordinarias fue Alberto Ortega Peza, hermano de la pareja sentimental del alcalde Mauricio Fernández.

En abril Reporte Indigo publicó que la mayoría de estos nuevos magistrados propuestos por el

gobernador Rodrigo Medina no tienen experiencia en derecho administrativo.

Este órgano ha estado en el ojo del huracán a raíz de resoluciones polémicas otorgadas a favor de centros de apuestas, que gracias a ello abren sus puertas.

Como el amparo a favor del Casino Royale, donde murieron 52 personas el pasado 25 de agosto, debido a un ataque del crimen organizado.

Tomado de ReporteIndigo.com