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Maquiladoras esclavizan reos en cárceles de SLP

Red de explotación laboral que implica a autoridades estatales y federales

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Maquiladoras esclavizan reos en cárceles de SLP
Su salario representa un ingreso menor al mínimo vigente | Foto: Especial
Ciudad de México.- María de la Luz Miranda Cárdenas es interna del Centro de Reinserción Social número 1 de San Luis Potosí, La Pila. Durante casi un año fue operadora multifuncional de ensamble de la empresa potosina Traktolamp –proveedora de Ford– en el interior del penal. Como otras presas, hacía soldadura de estaño con cautín, cableado y armado de tarjetas electrónicas de circuitos para las luces y faros de los vehículos de la trasnacional.

De manera inesperada, un día el capataz le dijo que estaba despedida “porque había bajado su nivel de producción en más de 10%”. Ella no recibió su liquidación ni las partes proporcionales de las vacaciones y el aguinaldo, tampoco su finiquito ni nada pese a que trabajó ocho horas y media al día –con una hora para comer– de lunes a sábados, desde el 7 de mayo de 2018 al 4 de febrero de 2019, cuando fue escoltada hasta la salida de la nave de producción.

Tampoco recibió el acumulado del fondo de ahorro que la empresa maneja mediante un Fideicomiso en Banorte. Para dicho fondo le descontaban 33% de su pago total de 80 pesos diarios, quedándole un salario de 53.6 pesos al día.

Su salario no sólo representa un ingreso menor al mínimo vigente, también es inferior a lo que ella percibiría por el mismo trabajo en la misma empresa fuera de prisión.

Según el contrato colectivo del 15 de abril de 2016, un trabajador líder de producción percibía 166.16 pesos diarios, un ajustador de moldes, 147.64 y un operador de máquina de inyección y multifuncional (ensamble) percibía 131.27 pesos al día. Éste último es el nivel de actividad que ­desempeñó María de la Luz Miranda, pero ella recibió 51.27 pesos menos por cada día de trabajo.

Molesta por la manera con la cual fue despedida, buscó asesoría jurídica. La demanda laboral presentada a su nombre por el abogado Joel Hernández Vázquez –el 3 de abril último ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí– destapó un negocio de dimensiones colosales para al menos tres empresas potosinas.



Funcionarios estatales, desde el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) al actual del priista Juan Manuel Carreras López, literalmente le abrieron las puertas de los centros carcelarios de La Pila y de Matehuala a las empresas para que instalaran sus líneas de producción y emplearan a los presos bajo la figura de “becarios”. A cambio, las fábricas deberían pagar por concepto de compensación no más de 30 mil pesos mensuales “en especie”.

La supuesta compensación para los centros penitenciarios representa un monto muy por debajo de los 2 millones de pesos al mes que le costaría a cada ­empresa rentar una nave industrial para su producción.

Mano de obra barata… y cautiva

Los reclusos cumplen tareas, horarios y cargas de producción tal y como lo hacen los trabajadores externos de esas industrias, pero perciben un ingreso inferior, justificado en los convenios entre las empresas y las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales, mediante un “programa de capacitación para el trabajo para la reinserción social”.

Los “becarios” en reclusión carecen de las prestaciones que sí tienen sus pares en libertad. Los presos no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también carecen de otro tipo de seguridad social, tampoco cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sólo reciben su pago en efectivo en bolsitas de plástico, sin que medie recibo alguno.

Las operadoras de ensamble, como María de la Luz, deben contar con equipo de protección, como cubrebocas para evitar respirar el humo cuando trabajan la soldadura de estaño con cautín. Pero la empresa no se los proporciona, al menos no a las reclusas.

“Yo no conocía mis derechos laborales. Se nos informó al llegar aquí que no tenemos derechos y que la empresa nos hace un favor empleándonos. Nos dijeron que si hacíamos algún reclamo, se llevarían la línea de producción y los trabajos”, escribió María de la Luz, de puño y letra, en un mensaje enviado a esta reportera desde “La Pila”, donde enfrenta hace un par de años un proceso judicial que no ha concluido.

“Entiendo que es la primera demanda de este tipo en México, donde una trabajadora reclama laboralmente el reconocimiento de sus derechos dentro del centro penitenciario. No existe antecedente alguno de esto y su vida ha sido amenazada por esta causa”, revela Joel Hernández Vázquez, representante legal de María de la Luz.

El abogado aclara que el respaldo jurídico que decidió dar a las internas “no nada más es para que les paguen sus salarios, sino analizar el sistema penal y de reinserción social a la luz de la crisis que se está viviendo en el país”.

Continúa: “Lo que se ve en La Pila en realidad es una fábrica con dormitorio. Eso riñe con los principios de reinserción social, basado en el trabajo que consigna el artículo 18 constitucional, porque el patrón no está pagando prestaciones laborales ni la seguridad social. Los trabajadores dentro pueden estar 1, 5 o 10 años y van a salir y no tendrán un ahorro, tampoco tendrán ni una semana cotizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni antigüedad ni nada en perjuicio suyo y el de sus familias”.

La Ley Nacional de Ejecución Penal también contempla el trabajo como parte fundamental de la reinserción, y eso va con sus prestaciones. “No es una invención, es una ley que debe llevarse a la práctica”, dice el abogado.

Joel Hernández asegura que este caso se trata de “una mano de obra literalmente cautiva. Deberían tener derechos laborales, incluso la sindicalización, precisamente para defender esos derechos. La lucha por el artículo 123 constitucional fue para que no hubiera esclavos, y aquí se está configurando un esquema de esclavitud patrocinado por las autoridades”.

Más denuncias

A la demanda iniciada por María de la Luz se unieron otras dos internas: Matilde Moreno González, operadora de ensamble para Traktolamp desde principios de junio de 2018, y Gabriela N, quien comenzó a realizar el mismo trabajo en marzo de 2018.

“Las personas que trabajamos, estemos aquí o en libertad, tenemos derecho a que se nos pague lo que dice la ley. Aquí estamos haciendo piezas exactamente iguales a las que arman afuera. Ni los trabajadores externos de la empresa son más personas, ni nosotros somos menos, produciendo las mismas mercancías”, afirma Matilde en otro mensaje escrito entregado a Proceso.

Gabriela N decidió demandar “para tener una pensión segura en mi vejez y un patrimonio para mis hijos. Para que se nos trate como lo que realmente somos, trabajadoras y no esclavas”.

Además de las demandas laborales se han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como denuncias penales por el uso de datos e información de las internas y acusaciones contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por las omisiones en las que ambas incurrieron al no inspeccionar los centros de reinserción e incorporar a los internos a los regímenes de seguridad y fondos para vivienda, por la actividad laboral que realizan.

Negocios ocultos

Las autoridades estatales sostuvieron una férrea negativa a transparentar los convenios y las condiciones en las que se acordaron las operaciones de las empresas en los reclusorios de La Pila y de Matehuala.

Los documentos fueron requeridos entre mayo y julio vía solicitudes de acceso a la información pública en las plataformas de transparencia de las instancias del gobierno del estado, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Inicialmente las autoridades estatales respondieron que no existía la información solicitada, pero después señalaron que “se lograron localizar” los documentos.

Una de las negativas de la Unidad de Transparencia de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) declaró: “No omito hacer de su conocimiento que las empresas anteriormente citadas actualmente se encuentran apoyando en los diferentes centros de prevención; sin embargo, no se halló documental alguno sobre dichos convenios, ya que éstos se celebraron con la anterior gubernatura”.

Las empresas han rechazado la solicitud del abogado de las reclusas de conocer los anexos de los contratos en los que se detalla la operación del fideicomiso, por el cual se les descuenta 33% de las becas para un fondo de ahorro. También mantienen en la opacidad los detalles sobre los “pagos en especie” que las maquiladoras dan a manera de compensación a la DGPRS.

Uno de los documentos entregados por la autoridad se refiere al primer convenio entre el gobierno del estado y Traktolamp, para operar en La Pila, firmado el 4 de junio de 2007, durante el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga.

La información oficial revela que Traktolamp consiguió dos convenios para trabajar en las cárceles: el de 2007 y otro firmado a principios de 2016. Existe otro acuerdo, éste firmado entre la autoridad y Envases del Potosí S.A. de C.V., dedicada a la fabricación de todo tipo de envases de plástico.

Uno más fue concretado por Ixtlera Santa Catarina S.A. de C.V., para operar en la cárcel de Matehuala en la producción y comercialización de fibras, particularmente el ixtle de lechuguilla, común en la región.

En ninguno de los documentos se menciona que los contratos deriven o resulten de una licitación o concurso. Tampoco se encontró registro de algún proceso de este tipo.

En el primer contrato con Traktolamp aparecen las firmas del entonces director general de Prevención y Readaptación Social Roberto Delgado Cervantes; del director general para el Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo (DGDH), Héctor Xavier Andrade Ovalle, y del apoderado legal –y dueño– de la empresa local Traktolamp, Francisco Xavier Campos Ávila, un joven heredero, entusiasta de las carreras de automóviles que incluso tiene representación con los logos de esta empresa en las competencias de Nascar, como ampliamente difunde en sus redes sociales.

Traktolamp es representada en el pleito laboral de las tres demandantes por el bufete De la Garza S.C., encabezado por Mario de la Garza Marroquín. De la Garza también impulsa la representación en San Luis Potosí de la organización civil Renace A.C., que se supone defiende a las personas en situación de cárcel.

De acuerdo con los documentos en poder de Proceso, las empresas tienen acceso a toda la información personal de los internos, como perfiles psicológicos y reportes de salud.

En el caso de Traktolamp, ésta “se compromete a mantener una plantilla de 200 becarios de la sección varonil y 30 becarias en la sección femenil”. El número puede crecer “buscando siempre el beneficio de la población interna becada”, agrega otra parte de los convenios.

Con Envases del Potosí –del empresario local Fernando López Machinena– se firmó un contrato el 22 de enero de 2016. Le asignaron un área de mil 500 metros cuadrados también dentro de La Pila, para instalar los talleres y para guardar maquinaria, herramienta y el material proporcionado a los internos, y una plantilla de 140 “becarios” con los mismos turnos: de 8:30 a 18:30 horas de lunes a sábado, excepto los jueves, con cinco horas, por ser día de visitas.

En tanto, Ixtlera Santa Catarina firmó el 8 de abril de 2016 para el proceso de selección de fibra de ixtle de lechuguilla en la cárcel de Matehuala, con una plantilla mínima de 30 becarios.

Los contratos firmados en 2016 con Traktolamp, Envases del Potosí e Ixtlera Santa Catarina fueron suscritos por Arturo Alejandro Barrera Genchi, quien llegó de Tamaulipas para asumir la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el sexenio de Fernando Toranzo y continuó con Carreras López. Su paso por el gobierno dejó una estela de acusaciones por maltrato a custodios y extorsión, entre otros señalamientos.

El jueves 10, de manera inesperada, representantes de Traktolamp y funcionarios estatales reunieron a todas las internas que laboran para la empresa en La Pila y les anunciaron que dejará de operar dentro del reclusorio.

Presuntamente, los funcionarios y los representantes de la compañía culparon del cierre a las internas que demandaron sus derechos laborales. En respuesta, las reclusas expresaron su indignación por el cierre y exigieron sus finiquitos y el fondo de ahorro acumulado. No hubo respuesta de parte de las autoridades y la empresa.





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