Néxico, D.F.- El segundo socio con mayoría accionaria en la naviera mexicana Oceanografía, una empresa que está en el centro de un presunto fraude por 400 millones de dólares, fue detenido en Miami como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto, cerrado poco antes de la fuga de “El Chapo” Guzmán, según fuentes de inteligencia consultadas por Univision.

Un funcionario del gabinete de seguridad mexicano, que pidió no ser identificado dijo a Univision que el gobierno de México había aceptado dar trámite a la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de que el gobierno estadounidense entregara tres empresarios mexicanos que enfrentan procesos judiciales en el país y se habían refugiado en Estados Unidos.

Al acuerdo, que tuvo lugar en Estados Unidos, siguió la petición formal de extradición de Joaquín Guzmán, la cual llegó oficialmente a México el 25 de junio. Sólo pasaron 16 días de esta solicitud, cuando el líder del cártel de Sinaloa se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano por un túnel de 0.7 millas que llegó desde una casa cercana a la prisión hasta su celda.

Los operativos de búsqueda del Chapo en el norte de México hasta ahora no han logrado concretar su recaptura, pero el acuerdo entre Washington y México se ha mantenido.

Los tres fugitivos solicitados por el gobierno de Peña Nieto fueron Rafael Olvera, dueño de una institución financiera que defraudó a más de seis mil personas en México; Gastón Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, declarada en quiebra; y Martín Díaz, quien ha sido señalado como operador financiero de Oceanografía, la principal contratista de Petróleos Mexicanos.

¿IRREGULARIDAD MIGRATORIA?

Díaz fue detenido el miércoles 12 por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se encuentra aún bajo su custodia, confirmó a Univision Nestor Yglesias, un vocero de la dependencia en Miami.

Fuentes allegadas al empresario en Miami dijeron que el gobierno de Estados Unidos prefirió un proceso de deportación por cuanto México ya había fracasado en un intento de extradición. El primero proceso, agregaron, es teóricamente más rápido que el segundo. El interés del gobierno mexicano, añadió, es que Díaz “sea enviado a México lo antes posible para que enfrente su proceso ante la autoridad”.

El abogado para los problemas migratorios de Díaz en Estados Unidos, Enrique González, dijo a Univisión que estaba muy extrañado con la decisión que tomó ICE de detener a su cliente por cuanto él se encontraba bajo un estatus permitido por la ley.

González explicó que Díaz esperaba una decisión respecto a una solicitud de asilo político y una prórroga de estadía. En una conferencia de prensa en la capital mexicana, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, dijo que la detención se dio “a petición de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR”, después de que detectaron “una situación migratoria irregular”, que activó las alertas de Interpol México.

“Encontramos un poco extraño que el gobierno americano vaya a iniciar trámites de deportación contra el señor Díaz, indicando que él no tenía estatus legal en los Estados Unidos, cuando hay amplia documentación demostrando que el señor Díaz está en Estados Unidos en estatus permitido por ley”, afirmó. “Ello en virtud de número uno, una solicitud de asilo político que ya lleva pendiente con el Gobierno americano más de dos meses y número dos, una prórroga para ampliar su plazo de estadía en Estados Unidos cuya solicitud se presentó en diciembre del año pasado y aún está pendiente”.

Según González, cuando a esta situación se le añade que la prensa de México se enteró de su arresto a las pocas horas de que ocurriera pese a que es una información reservada, “todo eso parece demasiada coincidencia”.

De acuerdo con fuentes que conocen el caso de Díaz, su estatus migratorio pasó por varias etapas. Díaz ingresó a Estados Unidos a mediados del año pasado con una visa de visitante para negocios y turismo B1 B2. A finales de junio, a raíz del escándalo de Oceanografía, recibió un correo electrónico de la sección consular de Estados Unidos en México en el que le notificaba la cancelación de su visa B1 B2.

El empresario continuó en Estados Unidos, dado que el gobierno le había concedido una estadía legal hasta diciembre de 2014 en el mismo visado que le fue cancelado. Con anterioridad, había pedido una visa de inversionista TN para participar en un proyecto de una cadena de restaurantes mexicanos en Estados Unidos. La visa TN se concede en virtud del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Pero las autoridades de Estados Unidos negaron esa visa seis meses después argumentando que tenía un caso de lavado de dinero. Los abogados de Díaz respondieron que ese caso no existía pero el gobierno ratificó su decisión.

Entonces decidieron pedir una prórroga de estadía de la cual no recibieron respuesta. Entre tanto, en mayo de este añó, radicaron los documentos para una solicitud de asilo. Alegaron que Díaz podría ser asesinado en una cárcel de México si era extraditado o deportado.

Al informar a los agentes de ICE que arrestaron a Díaz, que existía una petición de asilo, estos respondieron que dicha solicitud no aparecía en los archivos y que quizás se había perdido. Los abogados entregaron los documentos originales de la solicitud pero el empresario de todos modos fue trasladado al Centro de Detención Krome al sur de Miami. Un juez de inmigración definirá el lunes si le concede libertad bajo fianza.

El abogado penalista Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigadores Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que el proceso de deportación por irregularidades migratorias significa para el gobierno mexicano una ventaja, ya que acelera el proceso de repatriación a México. Ya en suelo nacional, Díaz sería detenido con una orden de aprehensión que le fue girada en junio del año pasado y enfrentaría cargos por delitos financieros, que son calificados como graves y no alcanzan fianza.

No quiero pensar que eso se esté arreglando de esa manera, que pueda suceder, pues claro, no vamos a cerrar los ojos. Pero yo veo lo que tengo enfrente, objetivamente, es un procedimiento al que se anticipa una solución mucho más rápida que la otra”, afirmó Ochoa.

El abogado mexicano de Díaz, Alonso Aguilar Zinser, no respondió a una solicitud de entrevista de Univision.

PRESUNTO FRAUDE MILLONARIO

El caso Oceanografía comenzó en febrero de 2014, cuando la principal contratista de Pemex fue acusada de haber incumplido con el pago de unas fianzas sobre varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que se le otorgaran contratos de gobierno.¨

Dos semanas después, el conglomerado Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores que había detectado un presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por $235 millones de dólares, después de impuestos.

El gobierno de Peña Nieto tomó el control de la empresa y la ha administrado desde entonces, durante el proceso en que los acreedores se pusieron de acuerdo en cómo cobrar sus adeudos sobre la compañía, en un procedimiento de concurso mercantil.

En mayo de este año un juez aprobó un convenio de acreedores que terminó este concurso. En este acuerdo no se consideró ningún adeudo con Citibank relacionado con el supuesto fraude, el cual habría tenido lugar por medio de su filial en México, Banamex.

Para el penalista Roberto Ochoa, “suena extraño que habiéndose quejado la institución financiera de un quebranto a propósito de un préstamo, en el concurso mercantil del que estamos hablando no se le haya identificado como acreedor”.

Un abogado del caso en México explicó a Univision que tanto Martín Díaz como Amado Yáñez, socio principal de la naviera preso en un reclusorio en la Ciudad de México, son acusados de obtener créditos en condiciones preferentes y haberlos destinarlo a fines distintos a los contratados.

Hasta este momento la defensa de Yáñez ha buscado demostrar que los contratos con Banamex no eran una línea de crédito sino una operación de descuento de facturas, conocido como factoraje, “figura legal totalmente distinta a la del crédito. Por ello, si no hay crédito, no puede haber delito”.

Díaz es implicado en el caso, ya que Banamex ha declarado que él operaba las cuentas. Durante el año y medio que ha durado el proceso legal, no se ha dado a conocer ningún documento del manejo del dinero que se transfería de Banamex a Oceanografía en el que conste su firma.

Con información de Sinembargo y Univisión

lff