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[Nacional]

Obras públicas, el oscuro negocio de la Sedena con Calderón y EPN

Entre 2007 y 2018, la secretaría destinó 891 millones de pesos a 100 empresas con inconsistencias

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Obras públicas, el oscuro negocio de la Sedena con Calderón y EPN
Foto: Especial
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Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha convertido en una constructora muy poderosa en México, pero su disciplina militar no la ha blindado de cometer fallas en sus procesos de contratación. Esta investigación revela que en 17 obras militares y civiles la Sedena contrató como proveedoras a 100 empresas que incumplieron requisitos legales, no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos o simplemente eran empresas fachada.

Entre 2007 y 2018 la Sedena no solo combatió al crimen organizado en la llamada guerra contra el narcotráfico, sino que también realizó 851 obras que le fueron encargadas por diversas dependencias gubernamentales por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que no necesita sujetarse a una licitación pública.

En una revisión hecha solo a 17 de las 851 obras se encontró que la dependencia militar destinó 891 millones de pesos para contratar como proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias, que firmaron contratos en un procedimiento desaseado o que advierten posibles actos de corrupción.

Ninguna de las 100 compañías estuvo inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena, una veintena de ellas fueron creadas ex profeso para las obras, nueve se disolvieron meses después del contrato, siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía y tres fueron sancionadas por la Función Pública.

Cinco empresas o sus socios están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que simulan operaciones, ocho proveedores no fueron localizados y cinco tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos, mientras que en ocho casos más alguno de los socios formó parte de algún padrón de beneficiarios de programas sociales.

Tras visitar las direcciones fiscales y de los dueños de 70 de las 100 empresas se encontró que nueve reportaron un número de vivienda que no existía, mientras que en 31 domicilios no había ninguna empresa porque nunca operaron ahí o fueron desmanteladas. En la dirección de una empresa en el Edomex, por ejemplo, en realidad había un gimnasio y en otras dos ubicadas en Puebla un negocio de barbacoa y una papelería.

En otras tres compañías no había personal laborando o eran oficinas virtuales. En una más se estaban mudando de instalaciones y en otras dos los dueños desconocían la dirección exacta de su negocio. Tras entrevistar a un centenar de personas, entre supuestos dueños, familiares de los accionistas y vecinos de las zonas donde se ubicaban las empresas, se encontró que algunos dueños de éstas solo fungieron como prestanombres y en realidad se dedican a trabajar de taxistas, meseros, empleados en un call center, cargadores de mudanzas, venden tacos o cosméticos y son estudiantes o amas de casa.

Además, la mayoría de los domicilios de las empresas o sus dueños están ubicados en unidades habitacionales, vecindades o asentamientos irregulares apostados en cerros o barrancos, que no cuentan con nombre en sus calles y que para llegar hay que sortear caminos empinados y calles estrechas en las periferias de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

Se detectaron al menos seis redes de empresas que comparten apoderados legales, accionistas, comisarios, gerentes, notarios, administradores y dirección fiscal, o fueron creadas en la misma fecha.

También se detectó que se contrataron a ingenieros militares en situación de retiro que en 2012 constituyeron una empresa llamada Neproc Construcciones, que en su página web presume realizar obras para la Defensa Nacional y Marina.

En los contratos otorgados vía transparencia por un monto de 51.5 millones de pesos, la empresa brindó como una de sus direcciones fiscales una vecindad en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí una enfermera que habita el domicilio desde hace una década dijo que ella nunca ha tenido ningún negocio.

En el segundo domicilio reportado en los contratos, en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un hombre que se identificó como el administrador de la empresa dijo que todo lo relacionado a los contratos era información confidencial y se negó a brindar una entrevista.

La Sedena comenzó a realizar obras por administración directa en el Gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio (2006-2012) ejecutó 199 proyectos, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto realizó 652 obras. En este gobierno la Sedena ha firmado cinco convenios de obras públicas, según el primer informe de labores de la dependencia militar. El proyecto más importante es la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

En cada una de las obras, la Sedena tuvo que contratar a su vez a cientos de empresas que le ayudaran a ejecutar los trabajos.

En las 17 obras revisadas para este reportaje se encontró que en 160 contratos la dependencia evadió la licitación pública argumentando seguridad nacional o que tenía una necesidad inmediata por terminar lo más antes posible la obra y por ello no podía someterse a los tiempos establecidos en una licitación.

La Sedena ha argumentado que realiza obras por administración directa porque una de las misiones de las Fuerzas Armadas es “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”, según su ley Orgánica. Para ello pueden coordinarse con otras dependencias, siempre y cuando lo apruebe el presidente de la república.

Las dependencias federales que le han encargado a Sedena la edificación de obras son el SAT, Sagarpa, Secretaría de Salud, Semarnat, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Conagua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y hasta la Agencia Espacial Mexicana, entre otras. En los estados ha hecho obras con los gobiernos de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, entre otros.

Entre las obras realizadas hay desde instalaciones militares hasta distribuidores viales, caminos rurales, carreteras, escuelas, hospitales, aduanas, parques, plantas de tratamiento de aguas residuales y hasta un centro regional de desarrollo espacial.

Las empresas fantasma y con prestanombres de la Sedena

Entre las empresas subcontratadas por la Sedena hay 2 que han sido declaradas por el SAT como simuladoras de operaciones y otras tres donde sus dueños o apoderados legales también han sido señalados.

Una de ellas es Grubernova, que en 2015 vendió insumos para la construcción de una escuela en el campo militar de San Miguel de los Jagueyes, en el Estado de México. En la dirección fiscal que reportó la empresa hay un negocio de barbacoa llamado el Hidalguense que opera desde mayo de 2017 y anteriormente, según los vecinos, había una empresa de bienes raíces llamada Birsa.

Además hay otras ocho empresas o dueños de éstas que fueron reportados por el SAT como no localizados, como Francisco Javier López Rodríguez, de Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal, que apareció en los listados del fisco en enero de 2014. Al acudir al domicilio reportado en Puebla, este medio tampoco pudo localizarlo porque el número de la vivienda (203) no existe.

Constayma, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por haber simulado operaciones con beneficiarios de subsidios otorgados por Sagarpa al ser parte de una red que “facturó servicios que no fueron realizados, los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.

Esta empresa se encuentra ubicada en la colonia La Paz, en Puebla, donde también está instalada Concretos Luaya, constituida el 20 de junio de 2016 por el notario Mario Marín y la cual firmó un contrato con Sedena por 1.3 millones de pesos en 2018 para venderle concreto en la construcción de un Centro Aeroespacial en Zacatecas.

Una de las socias de esta empresa es Rubí Esmeralda Costeño, que en el acta notarial dijo ser “vendedora especializada”, y quien aparece en un padrón de beneficiadas con techos de lámina de un programa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

En el acta constitutiva la joven aportó una dirección incorrecta, ya que la calle no corresponde con la colonia. “Con domicilio en calle Tlacaelel, manzana letra a, lote quince, colonia Joyas del Sur, Puebla, Puebla”, manifestó.

Además de Luaya, hay otras dos empresas con irregularidades donde el exgobernador de Puebla también fungió como fedatario. Nacional Maderera Pucte, por ejemplo, fue creada el 11 de febrero de 2016 y ocho meses después ya estaba firmando un contrato con Sedena para venderle madera en la construcción de un camino rural en Guerrero.

Fue constituida por José López Cruz, que entonces tenía 19 años y que reportó como domicilio una vivienda en Puebla a medio despintar y dañada por la humedad. Al visitar el lugar donde vivía con sus hermanas, éstas contaron que actualmente trabaja de mesero y anteriormente despachaba en una tortillería.

En entrevista el joven aceptó haber firmado unos documentos, pero nunca supo donde estaban ubicadas las oficinas de la empresa y tampoco recibió ningún peso de la misma. “Nomás hice lo legal y ya de lo demás no me enteré”, afirmó.

La tercera compañía avalada por Mario Marín es Islort Construcciones y Concretos. Uno de los dueños es Telésforo García Baleón, que declaró ser comerciante y vivir en la unidad habitacional San Miguel, en una zona popular en Puebla.

Al acudir al domicilio, la hermana de Telésforo contó que desde hace una década él ya no vivía ahí y que actualmente se dedicaba a cargar muebles en una empresa de mudanzas. Anteriormente se dedicaba a repartir correspondencia.

En los antecedentes notariales de Islort aparece como apoderada Elva Eugenia Torres, que a su vez es socia de Concretos Luaya, otra empresa que también pasó por la notaría de Mario Marín, y que fue creada diez días después que Islort.

Empresas operan en red

En Puebla hay una red de seis empresas que comparten accionistas, apoderados y administradores. Dos de ellas son Productos ERN y Zeni Industrial, que arrendaron equipo y vendieron “agregados” para la construcción del Eje Metropolitano del Rincón en Guanajuato.

Ambas empresas se crearon el 7 de mayo de 2018 con un notario de Tlaxcala. Al siguiente día, el mismo notario avaló la constitución de Brener, que habría de sumarse como proveedora en la misma edificación. Las empresas tenían menos de dos meses de haberse constituido cuando la Sedena las contrató. Pese a su nula experiencia y haber competido con Cemex (la cementera mexicana que vende en 50 países), en el proceso de invitación restringida las tres obtuvieron contratos por 30 millones de pesos.

En el acta notarial de Zeni Industrial aparece como comisario Feliciano Aguilar Corona, quien ostenta el mismo cargo en ERN Productos. También aparece como accionista María Luz Martínez Sosa, quien igualmente es socia en Lizte Empresarial. Luis López Carreón es socio de Shedar Soluciones y de ERN Productos. Su hermano Juan es socio de Brener y Shedar. Esta última tiene el mismo domicilio de Comercializadora Jicolapa, una empresa que se constituyó en enero de 2016 y se disolvió tres años después.

En el domicilio fiscal de Shedar y Jicolapa, en Puebla, actualmente opera otra empresa. En ese domicilio, afirman comerciantes de la zona, una persona es contratada para hacer el aseo y recibir la correspondencia.

El modelo de contratación por administración directa que dio pie a estas irregularidades es el mismo que usó la Sedena en la construcción de la barda y camino perimetral de acceso en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) y es el mismo esquema que se está utilizando en Santa Lucía. Se buscó la postura de la Sedena con una semana de anticipo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.


Lea la investigación completa en El Universal



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