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[Nacional]

Perdona la 4T delito por compra de planta chatarra

Quieren recuperar 200 millones de dólares, pero no fincan responsabilidades

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Perdona la 4T delito por compra de planta chatarra
Foto: Zócalo | Especial
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Ciudad de México.- El Gobierno federal quiere recuperar 200 millones de dólares que Pemex pagó de sobreprecio a Altos Hornos de México (AHMSA) por la planta chatarra Agronitrogenados en Veracruz, pero hasta ahora nadie está acusado de un delito específico por autorizar o participar en esa operación.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, solo están acusados de lavado de dinero por la compra de una casa de Lozoya en Lomas de Bezares, con 34.2 millones de pesos de un supuesto soborno, pero no por la adquisición misma de la planta, celebrada el 20 de diciembre de 2013 por 275 millones de dólares.

Al final de la audiencia de imputación contra Lozoya, el 28 de julio, el juez Artemio Zúñiga prácticamente invitó a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar cargos por la compra de la planta, luego de escuchar durante horas a los fiscales y a los funcionarios de Pemex alegar que la operación ha provocado daños por más de 8 mil millones de pesos al patrimonio de la empresa estatal.

“Podría generar un diverso delito como es el uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el Artículo 217, fracción segunda, del Código Penal Federal”, explicó el juez, según la transcripción de la audiencia difundida a la prensa por WhatsApp.

En diciembre de 2013, el Artículo 217 castigaba con 6 meses a 12 años de cárcel al servidor público que “indebidamente otorgue, realice o contrate adquisiciones con recursos públicos”, así como a “toda persona” que solicite o promueva estas contrataciones.

Hasta ahora, el único exfuncionario sancionado por la operación es José Manuel Carrera Panizzo, exdirector de PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, quien firmó el contrato de compraventa con AHMSA.




‘Desangra’ Odebrecht las finanzas mexicanas

Primero como secretario de Energía, en 2003, y luego como Presidente, en 2007, Felipe Calderón ideó el contrato Etileno XXI para favorecer a Marcelo Odebrecht, con lo que sangró al Estado con miles de millones de pesos.

Permitió al empresario establecer una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países y le endosó a Enrique Peña Nieto la tarea de facilitarle al brasileño la ingeniería financiera; un contrato de alcance transexenal.

Esto se desprende de documentos en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) y que forman parte del expediente abierto desde 2017 por la trama de sobornos de Odebrecht que involucra al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin.

En los papeles en poder de la FGR, entre estos declaraciones de testigos, documentos internos de Pemex e incluso de Idesa –la empresa asociada con Braskem, filial de Odebrecht que tiene el contrato de Etileno XXI– se establece que fueron directamente la presidencia de Felipe Calderón y Martin Werner, subsecretario de Hacienda del sexenio de Ernesto Zedillo, los que afinaron la fórmula del eteno y modificaron el contrato para que la trasnacional brasileña tuviera ganancias de 30% por un plazo de 20 años.



“Presidencia, Sener, SHCP y Pemex se reunieron para proponer el descuento máximo aceptable
para el Gobierno federal. Esta reunión fue de carácter oficial”, se indica en la página 14 de uno de los documentos de Idesa.

Además, Arturo Arreguí García, uno de los firmantes del contrato de Etileno XXI por parte de Pemex, testificó ante la FGR: “A solicitud de la Oficina de la Presidencia se llevaban a cabo reuniones para informar del avance del proceso subasta… La Oficina de la Presidencia invitaba a Pemex, Sener, a los representantes de Hacienda, a los asesores financieros y técnicos a informar periódicamente de los avances del proceso, sin recordar quién era la persona que coordinaba dichas reuniones”.

El expediente sobre los sobornos de Odebrecht, en la parte mexicana, cuenta con todos los documentos relativos al contrato Etileno XXI. También incluye movimientos bancarios realizados por la empresa brasileña desde México a 18 países, aún antes de entrar en operación; estos fueron entregados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto y podría sumar un cuarto delito a dicha trama: defraudación fiscal.



Con información de Proceso


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