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Policías se llevaron a 6 para torturarlos, matarlos y fingir un enfrentamiento

De acuerdo con tres testigos, al menos seis personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por policías

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Policías se llevaron a 6 para torturarlos, matarlos y fingir un enfrentamiento
Kasandra Treviño señala el lugar donde encontraron el cuerpo de su padre. Foto: Valente Rosas / El Universal
Nuevo Laredo.- Un grupo de policías de Tamaulipas entró a una casa donde presuntamente secuestró a seis personas, con el fin de representar un enfrentamiento contra grupos de civiles armados.

De acuerdo con testimonios de Sara, Alejandra y Roberta, testigos del evento cuyos nombres han sido modificados por temor a represalias, algunas personas fueron secuestradas durante la noche del 5 de septiembre pasado en un domicilio ubicado en la calle Héroes de Nacataz número 6836, afirmaron al diario El Universal.

Aquél día, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que había ocurrido un enfrentamiento con un grupo de delincuentes, en las calles de la colonia Valles de Anáhuac. Ocho presuntos agresores, vestidos con uniformes de camuflaje tipo militar, habían sido abatidos.

Sin embargo, los tres testigos entrevistados por el reportero Íñigo Arredondo, destacan que las personas dormían cuando los policías estatales e integrantes del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas irrumpieron en el domicilio, entre las 5 y 6 de la mañana.

"Estábamos dormidas y en eso abrieron la puerta y se metieron, y nos dijeron tírense al piso’ […] ‘¿dónde están las armas?’ y yo le dije que no sabía de qué estaba hablando., Y él me dijo, ‘saca las armas, no te hagas pendeja'”, relató Sara.

En la casa rentada había tres habitaciones ocupadas, con tres mujeres y tres hombres. Alejandra narró que a una de ellas la golpearon con un bat, con el cual los policías le sacaban el aire “ahí a un lado de mí”, agregó.

Cuando los agentes se llevaron a las personas, Sara, Alejandra y Roberta habían sido maniatadas con cintas de plástico y cuando lograron desatarse, salieron corriendo del lugar.

A ocho kilómetros de ahí había sucedido el supuesto enfrentamiento, donde Ramón, un conductor de una grúa, fue llevado para abandonar un auto y dejarlo en un ángulo que pareciera una persecución, el cual después recibió varios disparos de arma de fuego y el cuerpo de una persona, con uniforme similar al militar, quedó en el asiento del conductor.

Los otros siete cuerpos (ya llevaba a un civil más), fueron encontrados dentro de la casa en Valle de Anáhuac donde vivía Kasandra, su hija de dos años y su padre Severiano. Los cuerpos tenían disparos en la nuca y espalda en la escena que las autoridades simularon un enfrentamiento. Esta información es parte de la denuncia en la Fiscalía por parte del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.



Armar culpables

Kasandra contó al comité cómo su papá fue golpeado, torturado y obligado a vestirse con ropa de estilo militar por parte de la policía estatal a las 7 am del 5 de septiembre. Explicó que cuando la obligaron a salir de su casa, con su hija de dos años en brazos, vio cómo una camioneta de estatales estaba estacionada dentro de su casa y había personas bajando armas largas y acomodándolas, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo perímetro al operativo.

Tanto el testimonio de Kasandra como el de Ramón, más otros testimonios, testigos, presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la difusión en el noticiario de Denise Maerker, originó que el gobierno del estado abriera una carpeta de investigación el 11 de septiembre de 2019.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha apoyado a Kasandra y los familiares de las víctimas. En este tiempo se levantaron ocho órdenes de aprehensión contra policías involucrados en el operativo, aunque ellos piden más de 20. Se creó una Fiscalía Especial para el caso. Se han tenido tres reuniones con autoridades. Se han exhumado dos cuerpos, en espera de uno más, al resto los incineraron. A pesar de esto no hay ningún detenido.

En la última reunión entre víctimas y gobierno, el sábado pasado, el fiscal especial no fue. No les han dado el informe de las exhumaciones y un día antes los familiares se enteraron de la cancelación de tres órdenes de aprehensión.

En la notificación a la que El Universal tuvo acceso, se lee cómo tres de los oficiales explican que ellos sólo obedecieron órdenes de su superior: José Rafael González Villalpando. Así justifican sus acciones. Este diario buscó una postura por parte de la Fiscalía de Tamaulipas y del fiscal especial, Adelfo González, sin respuesta.

“La Inteligencia [en las autoridades], es un mito. Está sustentada en tortura, en detención arbitraria, ejecución extrajudicial, y en la desaparición forzada. No conocemos el término justicia. Conocemos la impunidad, la simulación”, explica Raymundo Ramos, presidente del comité.

Desde 2009 han reportado casos donde las Fuerzas Armadas han estado involucradas en ejecuciones, desapariciones, así como de víctimas torturadas por autoridades para conseguir información.

Desde que Kasandra declaró ha recibido tres amenazas. Dos en persona y una más por teléfono. Kasandra se para a un lado de donde los estatales acomodaron el cuerpo de su padre en la cocina de su casa y lo señala. Recuerda que aunque en la funeraria quisieron maquillar los golpes que recibió, seguían estando las marcas, en la frente y en la boca. Su padre trabajaba en una refresquera en un horario de 6:00 am a 4:00 pm, explica, pero una semana antes de que lo mataran había tenido un accidente y estaba de incapacidad en su casa.

Su uniforme está revuelto en el piso entre todas las cosas que rompieron las autoridades cuando entraron. Unas manchas de sangre, el conteo de los peritos de impacto de bala en las paredes de la casa. Kasandra ha vuelto a su domicilio cinco veces, la penúltima, recuerda, quería llevarse su colchón o aires acondicionados, pero ya se los habían robado.

Cuando a Ramón lo citaron a declarar en el ministerio público, 15 patrullas de estatales llegaron a su casa, dos horas antes. De ahí logró protección y lo llevaron a declarar. Entre el susto y su condición de diabético, fue llevado al hospital, donde miembros de la policía seguían dando vueltas, tuvo que ser sacado por una puerta de atrás, y llevado a otra dirección que no era su casa.

Ramón es grullero de tránsito desde inicio de año, antes era taxista. Por casualidad él era la única grúa disponible cuando el operativo sucedió. “Ya que estaba todo, le dije [a los estatales] que si iba para PGR la camioneta y me dijo que se iba a mover a un punto. Que eso nadie debe de saber que, si “abría el agua”, iban a ir por mi familia y me iban a matar. Me quitan mi teléfono, me ordenan que los siga. Delante iban dos trocas de la estatal. Color azul y blanco, yo iba en medio. Atrás iban dos trocas del Ejército y un blindado. Así estuvo el recorrido. Llegamos a V
alles Anáhuac”.

La Sedena reconoce que estuvo en el operativo realizado por las autoridades estatales con una participación perimetral y que a la distancia en que estaban, 200 o 300 metros, no vieron nada. La CNDH inició sus investigaciones desde septiembre y ya se encuentran en la parte final. Han podido hablar con miembros del grupo especial, policía estatal y Sedena.

Ramón harto de las amenazas e intimidaciones y cumpliendo su horario de 7 am a 3 pm, dice entre sollozos, que quisiera ser una persona normal.



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