Saltillo, Coah.- El caso de corrupción en el que incurrió la juez penal de Parras, Bertha Alicia de la Peña, es un hecho bochornoso que avergüenza al Poder Judicial de Coahuila y le resta credibilidad, por lo que debe ser aplicado todo el peso de la ley contra quien resulte responsable.

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Así coincidieron magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que además de exigir al Consejo de la Judicatura que tome cartas en el asunto incluso penalmente, lo que podría significar la cárcel para la mujer, admitieron que es urgente hacer un análisis al interior del Poder Judicial.

Zócalo dio a conocer una conversación grabada en la que De la Peña Alcalá solicitó un soborno de 115 mil pesos a tres trabajadores de la empresa Ferromex para promoverles un amparo que los librara de la cárcel por su presunta participación en un robo.

Óscar Nájera Davis, magistrado de la Sala Colegiada Penal del TSJE, advirtió que al Poder Judicial no le “temblará la mano” para actuar en consecuencia si se acredita la corrupción de la juez, por lo que exhortó a los afectados a interponer la denuncia correspondiente.

“No quiere decir que en el Tribunal vayamos a quedarnos de brazos cruzados, no podemos taparnos los ojos ante esta grave irregularidad (…) Exhortamos al Consejo de la Judicatura para que se haga la investigación pertinente y se aplique todo el rigor de la ley en caso de encontrar la responsabilidad”.

El también magistrado Natalio Ricardo Dávila calificó de deplorable el hecho y aseguró que es imperante que se erradique la “prostitución” de la administración de justicia.

“Según códigos de ética, no puede asesorar a ninguna de las partes; segundo, no puede recibir a gentes fuera del local del Juzgado; tercero, pues no puede litigar como de hecho se percibe en las grabaciones (…) resulta vergonzoso y condenable”.

La magistrada Miriam Cárdenas advirtió que situaciones como ésta hacen imperioso un análisis al interior del Poder Judicial.

“Atenta contra la imagen de quienes trabajan arduamente; se debe sancionar de forma administrativa y si se configura un delito también de forma penal (porque) con esto pierde el sistema judicial y la ciudadanía, porque situaciones como ésta vienen a debilitar la confianza”, dijo.