Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto promovido por la diputada, Guadalupe González Suástegui del PAN, mediante el cual impulsa la formulación e instrumentación de políticas públicas para la atención y protección de los derechos de la población afrodescendiente en México.

La dictaminadora expresó su reconocimiento al principio constitucional consagrado en el artículo primero constitucional, relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, o de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión o cualquiera otra que atente la dignidad humana.

De igual forma, la Comisión coincidió con la necesidad de impulsar y formular acciones y políticas públicas para la atención y protección de los derechos de la población afrodescendiente.

Derivado de los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) observa que los estados que conforman la República Mexicana, Guerrero constituye la entidad con el mayor número de población afrodescendiente con el 6.5 por ciento, seguido por Oaxaca con 4.9 por ciento y Veracruz con 3.3 por ciento.

En 100 municipios del país al menos 10 por ciento de la población se considera afrodescendiente, de estos municipios, 15.7 por ciento de 15 y más años no saben leer ni escribir un recado, mientras que el promedio de analfabetismo en el país es de 5.5 por ciento. El 18 por ciento de esta población habla lengua indígena y dos terceras partes se autodetermina indígena.

En materia de vivienda las personas afrodescendientes en los municipios seleccionados se usan con mayor prevalencia materiales menos resistentes que en el promedio de viviendas del país. De cada 10 viviendas, solo 3 cuentan con techo de concreto o viguetas con bovedilla, 7 tienen paredes de ladrillo y en una, el piso es de tierra.

Esta población se concentra en mayor número en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y como se advirtió se encuentran entre los grupos más pobres y menos educados en relación con la media nacional.

Por lo que la Comisión advierte la importancia del reconocimiento que debe tener la protección de los derechos a las personas de ascendencia africana, ello con el firme propósito de evitar condiciones de desigualdad económica, social y de desarrollo cultural de estos grupos.