Ciudad de México.- En unos documentos de la corte del pasado octubre, los fiscales estadounidenses también se referían al exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda como “el Padrino”.

Su pseudónimo mafioso reflejaba su posición en la cúspide de una pirámide que incluía a las fuerzas armadas, el gobierno mexicano y el “extremadamente violento” cártel de drogas H2, dicen los fiscales.

El general Cienfuegos fue acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección única al cártel, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales.

También fue acusado de crímenes de narcotráfico más prosaicos: recibir sobornos de varios millones de dólares e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.

El general negó todos los cargos.

“Pez gordo” en el agua

Cienfuegos era el militar de mayor rango que jamás se hubiese arrestado por narcotráfico.

Pero su arresto no fue producto de una operación conjunta entre México y Estados Unidos o una investigación común que involucrara agentes de uno y otro lado de la frontera.

Los oficiales de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) recelaban tanto de que se filtrara la operación, que el gobierno mexicano sólo se enteró cuando Cienfuegos, de 72 años, fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia.

Habían atrapado lo que se conoce como “un pez gordo”.

Sin embargo, los mismos oficiales de la DEA y del Departamento de Justicia dejaron que la que supuestamente es la mayor captura de sus carreras vuelva a nadar libremente en el agua.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

La jueza, Carol Bagley Amon, señaló que tener una figura tan notable con cargos tan graves era tener “un pájaro en mano”, pero finalmente concluyó que no tenía motivos para dudar de la “sinceridad” de la decisión del gobierno.

Así que, en lugar de enfrentarse a una potencial larga sentencia en prisión en Estados Unidos, el general Cienfuegos fue devuelto a México como hombre libre.

Suspiros de alivio

Dado el terremoto político que su arresto había causado en México, casi se podían escuchar los suspiros de alivio en las oficinas gubernamentales y cuarteles de todo el país.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la Fiscalía General investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

Cualquier responsable, continuó, debe ser “procesado por las autoridades y llevado ante la justicia mexicanas”.

Es, sin embargo, el mismo sistema de justicia que los fiscales estadounidenses consideraban demasiado corrupto como para confiarle información básica sobre a quién estaban investigando.

La conclusión inmediata a la que llegaron muchos observadores fue que la decisión del fiscal general William Barr de abandonar los cargos era una especie de acuerdo entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración Trump.

López Obrador, quien durante su campaña presidencial era un crítico abierto de Trump, ha sorprendido a muchos en México por su voluntad para acomodarse a su homólogo estadounidense.

Pero no todos están convencidos de que la desestimación de este caso equivalga a un favor.

“Básicamente, creo que sucedió lo mismo que se explicó desde la fiscalía: que los cargos se retiraron basados en intereses más amplios y la cooperación en la relación bilateral”, argumenta Ana María Salazar, exsubsecretaria adjunta de defensa de EE.UU. para la política y el apoyo a la lucha contra las drogas.

“No creo que haya sido una especie de preacuerdo con AMLO”, coincide Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington.

Puede ser parte de la explicación, dice Shifter, pero lo más probable que es que el presidente mexicano recibiera “mucha presión de los militares en México para traer de vuelta a Cienfuegos y no procesarlo en Estados Unidos”.

Ahora que no habrá caso en EE.UU., podría especularse sobre si la evidencia contra el general Cienfuegos era lo suficientemente robusta como para asegurar una condena.

Es posible que sus abogados hayan argumentado que cualquier contacto establecido con el cártel H2 haya sido parte de un esfuerzo más amplio para capturar al Chapo Guzmán, arrestado y extraditado a EE.UU. mientras Cienfuegos estaba a cargo.

La influencia del ejército mexicano

Con certeza, el fracaso de un juicio por narcotráfico contra un exministro de Defensa habría sido muy dañino para los oficiales a ambos lados de la frontera.

Si bien la retirada de cargos podría atender a consideraciones políticas ocultas sobre una cooperación bilateral, también certifica la fuerza perdurable de las fuerzas armadas en México.

“AMLO ha estado muy satisfecho con el desempeño de los militares en prácticamente cualquier tarea que les ha pedido”, observa Roderic Camp, experto en el ejército mexicano y profesor de la universidad Claremont McKenna en California.

“No es ningún secreto que a AMLO le gusta trabajar con el ejército. Su administración será receptiva a los llamamientos para que esta persona sea juzgada en México y no en Estados Unidos”, agrega.

Se entiende que altos mandos de México estaban consternados por el arresto de su exjefe.

Se ha informado que incluso presionaron al gobierno para que amenazara con expulsar a los funcionarios de la DEA en México, un paso sin precedentes que habría deshecho acuerdos longevos de seguridad conjunta.

AMLO ha denegado dicha amenaza. Pero Ana María Salazar advierte que hay “una creencia sistemática dentro de las fuerzas armadas” de que los cargos de la DEA carecían de fundamento y tensionaban los lazos entre ambos países.

“Este juicio habría tenido un impacto catastrófico en la cooperación contra el narcotráfico y la defensa de intereses de seguridad nacionales en ambos países”, apunta Salazar, especialmente porque el presidente mexicano ha dado a las fuerzas armadas y el ejército un rol mayor en la lucha contra el crimen organizado.

La aparente protección del general Cienfuegos va contra la corriente de la coalición política de AMLO y sus bases, muchos de los cuales son fuertes críticos del ejército, especialmente por su pobre historial de derechos humanos.

Pero el presidente no puede asumir perder al apoyo militar. Además de recurrir a ellos para que lideraran la lucha contra el crimen organizado, también les ha dado otras responsabilidades que normalmente lideran civiles.

Estas incluyen la construcción de un aeropuerto para Ciudad de México y el apoyo en la respuesta coordinada contra la pandemia de coronavirus.

Lucha contra la corrupción

México ha dicho que investigará al general Cienfuegos y es probable, por supuesto, que los fiscales desestimen los cargos.

Pero la administración de AMLO se ha orgullecido de procesar a figuras importantes, otrora consideradas intocables, del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, la de Emilio Lozoya, antiguo director de la empresa petrolera estatal Pemex.

López Obrador, además, planea celebrar un referendo para decidir si terminar con la inmunidad presidencial, allanando el camino para acusar de corrupción a varios de sus predecesores, incluyendo Peña Nieto.

Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, considera “muy improbable” que Salvador Cienfuegos vea el interior de una corte mexicana y mucho menos el de una prisión.

“Los niveles de impunidad en México son muy altos y AMLO tiene interés en mantener y cuidar su relación con el ejército”, dice.

Caída en desgracia

Puede que Cienfuegos evite su juicio por narcotráfico, pero su caída en desgracia ha sido espectacular.

Era uno de los hombres más poderosos en México. Influía en el ejército y el gobierno.

Y en 2018 había sido premiado por el Centro para Estudios de Defensa Hemisférica del Pentágono de Estados Unidos. Aún así la causa en su contra fue articulada por fiscales estadounidenses.

Entonces, en última instancia, quizás lo que más importe en la debacle de Cienfuegos sea la confianza o la falta de ella.

Una asociación transfronteriza efectiva para luchar contra el tráfico de drogas se sustenta en la confianza mutua.

Si bien dicha confianza ha sido escasa en ciertos puntos durante las últimas décadas, se ha avanzado en administraciones recientes, gracias en gran parte a las relaciones entre militares.

El arresto de Cienfuegos ha cambiado esto y comprometido un entendimiento que “tomó mucho tiempo desarrollarse entre los altos rangos militares de ambos bandos”, argumenta Roderic Ai Camp, el especialista en estudios mexicanos.

Parece que el caso se redujo a una ecuación sobre si su condena valió la pérdida de confianza que causaría, combinada con la presunta capacidad del acusado para desatar algún escándalo grave desde el interior de la corte.

En el análisis final, los funcionarios estadounidenses simplemente decidieron que tenían más que ganar al devolver “el padrino” a México.

“Los más expertos y responsables en supervisar e implementar una de las relaciones estratégicas más importantes para EE.UU. probablemente acudieron al fiscal General Barr para resolver esto lo antes posible”, dice Salazar.

“Si no, el impacto podría haber durado potencialmente una década”.