Ciudad de México.- Nuestro país está en el camino correcto para diseñar una Ley General de Mejora Regulatoria, que obligue a las dependencias y servidores de todos los niveles de gobierno a dar plena seguridad jurídica y facilitar trámites y servicios que requieran los particulares y las empresas, con el fin de coadyuvar a elevar los niveles de productividad y competitividad.

Así lo declaró el Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jorge Enrique Dávila Flores, entrevistado en el marco de la inauguración de la 38 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, que corrió a cargo del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

En el evento, al legislador coahuilense le tocó moderar el Panel 3 denominado “Reforma Constitucional y Legal de la Política de la Mejora Regulatoria”, comentando que por decreto del Presidente Enrique Peña Nieto, promulgado el pasado 5 de febrero de 2017, el Congreso de la Unión fue facultado con las atribuciones necesarias para expedir esta Ley y establecer los principios y bases a los que deben sujetarse los diferentes órdenes de gobierno.

“La reforma constitucional en materia de mejora regulatoria -expresó Dávila Flores- deberá considerar al menos: a).- Un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios Federales, Locales y Municipales, con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares; b).- Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios, mediante el uso de las tecnologías de la información y c).- La obligatoriedad para todas las autoridades de inscribir en el catálogo la información que corresponda a sus regulaciones, trámites y servicios”.

¿Qué debe contener la normatividad?

Primero, la creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, con la participación de los sectores público, académico, social y privado.

Segundo, un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, que sea vinculante y en el que participen todos los organismos de la Administración Pública Federal; entidades federativas, municipios, alcaldías; organizaciones autónomas, empresas productivas y poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Tercero, un mecanismo mediante el cual empresarios y ciudadanos puedan formular una queja expedita contra autoridades que violen la ley o exijan trámites o requisitos no inscritos en el catálogo.

Cuarto, establecer un Observatorio de Mejora Regulatoria ajeno al gobierno e integrado por ciudadanos, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que revisen y monitoreen el cumplimiento de la mejora regulatoria.

Quinto, que todas las regulaciones se sometan a un proceso de revisión, para garantizar que generen mayores beneficios que costos.

Sexto, mecanismos para que por cada regulación que se expida, se elimine otra existente, a fin de reducir el acervo regulatorio.

Septimo, obligar a absolutamente toda la administración pública y los poderes de gobierno a identificar áreas de oportunidad en el marco jurídico que aplica, en beneficio de los ciudadanos y las empresas.