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Siguen 27 amparos en contra de Sener

Concede juez federal suspensión definitiva a solicitud de Greenpeace

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Siguen 27 amparos en contra de Sener
Foto: Zócalo | Agencias
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Ciudad de México.- Ante lo que consideran como repercusiones ambientales y de salud pública de la política energética del actual Gobierno, basada en la quema de combustibles fósiles, la ciudadanía en diversos puntos de la República, apoyada por organizaciones ambientalistas, tiene 27 juicios de amparo interpuestos ante la justicia federal.

El martes, Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó una suspensión definitiva a la organización ambientalista Greenpace, que busca frenar las medidas que cerquen o perjudiquen el uso de centrales renovables, contenidas en el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024.

A mediados de año, Greenpeace interpuso una solicitud de amparo al considerar que el plan sectorial de la Secretaría de Energía no fomenta el empleo de energías renovables ni la disminución de contaminantes. Antes de obtener la suspensión definitiva, la organización ambientalista ya había obtenido dos suspensiones provisionales, la última de ellas a principios de septiembre.

La medida de suspensión definitiva solo aplicará en contra de algunos puntos contenidos en el programa que violen el derecho a un medio ambiente sano y no fomenten la transición energética.

Frentes opositores


En videoconferencia de prensa conjunta, moderada por Mario Sánchez Castro, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), oficina Noroeste, representantes de diversas organizaciones coincidieron en la necesidad de defender los derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales vinculantes en la protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático.  

Jaqueline Valenzuela Meza, directora del Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (CERCA), explicó que con su acompañamiento, ciudadanos de cuatro municipios de Baja California Sur presentaron el amparo 497/2020 ante el juez Tercero de Distrito con sede en La Paz, Jorge Alberto Camacho Pérez, contra la instalación de unidades móviles eléctricas en la Central de Combustión Interna (CCI) de la entidad y turbinas aeroderivadas; la construcción de una Central de Ciclo Combinado en 2021 y la unidad Baja California Sur VI para el año 2022, así como el uso de recursos públicos para infraestructura eléctrica, que omite el empleo de energías renovables. 

Por su parte, Luis González Lozano, director de Cambio de Ruta, organización ambientalista radicada en San Luis Potosí (SLP), explicó que ellos acompañaron a varios ciudadanos a presentar amparos en 24 estados de la República para exigir la protección al derecho humano al medio ambiente sano, con el juicio número 270/2020, como eje de todas las demandas contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo. 

“Una de las razones para cuestionar el Prosener, fundamento de la política energética de este Gobierno, es asegurar que esa política pública sea respetuosa de los derechos humanos y especialmente comprometida con las nuevas generaciones, no solo el reflejo de la visión presidencial del sexenio”, explicó Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace México. 


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