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[Nacional]

Silencia José Luis Vargas sobre investigación de la UIF

La UIF denunció ante la Fiscalía General al nuevo presidente del TEPJF, José Luis Vargas, por inconsistencias en su patrimonio.

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Silencia José Luis Vargas sobre investigación de la UIF
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Ciudad de México.- El Magistrado José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezó este miércoles una sesión publica a distancia de la sala superior, sin hacer alguna referencia a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre su patrimonio.

Como si nada ocurriera en el Tribunal, luego que el Presidente de la Corte, el Ministro Arturo Zaldívar le hiciera un llamado a presentarse ante las autoridades correspondientes a aclarar las indagatorias, el Magistrado Vargas Valdez condujo la sesión durante 120 minutos.

Fue una sesión en donde el Magistrado presidente tuvo algunos trastabilleos en sus intervenciones.

El silencio sobre el tema fue extensivo a los otros seis magistrados integrantes de la sala.

En la sesión pública, se resolvieron una treintena de asuntos.

Entre las sentencias discutidas y aprobadas está una vinculada con el nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP), que impugnó un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se le otorgan financiamiento público y prerrogativas a partir de la obtención de su registro, por decisión del Tribunal, el 14 de octubre.

Por mayoría, y a propuesta de la Magistrada Janine Otálora, se confirmó el acuerdo del INE por el cual se otorga el financiamiento a RSP a partir de su registro como partido político nacional.

El nuevo partido pretendía igualar su financiamiento público y la asignación de sus prerrogativas postal y telegráfica, con las del Partido Encuentro Solidario (PES) que obtuvo el registro de parte del INE el 4 de septiembre, un mes antes.

La sentencia confirmó y desestimó los alegados de RSP, el partido del yerno de la maestra Elba Esther Gordillo.

"Las prerrogativas están condicionadas al registro del nuevo partido político", sostuvo la magistrada Otálora.

"La diferencia de fechas para la asignación de prerrogativas guarda relación con el momento en que se obtuvo el registro como partidos políticos nacionales derivado de las particularidades de cada organización y a los diferentes pronunciamientos que fueron requeridos para que tuvieran por verificados los requisitos exigidos por la Constitución y la ley de la materia", detalló la sentencia.

El Magistrado Reyes Rodríguez fue el único que votó en contra por considerar que todos los nuevos partidos políticos nacionales deberían tener igualdad en sus prerrogativas, para cumplir con el principio de equidad.

"Los partidos de nueva creación deben recibir la misma cantidad de recursos por financiamiento público ordinario, porque están en las mismas circunstancias, son partidos políticos de nueva creación", sostuvo el Magistrado Rodríguez.

La mayoría conformada por los otros seis magistrados votó por el financiamiento diferenciado a partir del registro oficial.

Confirman validez de padrón de Morena
En otra sentencia y al resolver un recurso interpuesto por el militante de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, a propuesta del Magistrado Felipe Fuentes, los magistrados revocaron una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y avaló la legalidad y operatividad del padrón electoral de ese partido registrado ante el INE.

Ese padrón, señala la sentencia, puede ser utilizado para la renovación de otros órganos partidistas, diferente a la presidencia y secretaría general, que ya fueron renovados, derivado de otra sentencia.

"Se propone revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en lo relativo al padrón de la militancia debido a que, contrario a lo resuelto, el partido Morena sí cuenta con un insumo que ha sido validado por el INE y es un referente que puede ser usado para la renovación de los órganos estatutarios diversos a la presidencia y secretaría general", establece el proyecto avalado por la mayoría.

La Magistrada Otálora votó en contra por considerar que el ciudadano que impugnó no tenía legitimación para presentar el recurso y acudir al Tribunal.


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