Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que en los meses de pandemia los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata y pornografía infantil, cometidos a través de internet, se han incrementado en el país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario pone énfasis en la necesidad de fortalecer a la UIF mediante su eventual incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción y sentencia que en casos de personajes relacionados con el gobierno anterior “pensamos que es importante que los asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias.

“Seguimos generando modelos de riesgo para recibir denuncias vinculadas con varias cuestiones, como el incremento de fraudes financieros en los últimos meses, la usurpación de identidad en páginas de internet o redes sociales, así como los fraudes que se hicieron con la Secretaría del Bienestar, en los que se emitieron una serie de tarjetas falsas, pidiéndole a la gente que se registrara y diera una aportación a un número de cuenta para activar la tarjeta. Esto ya fue localizado en Chiapas y al sujeto se le congelaron las cuentas”, explica el funcionario.

“Están los casos donde se ha engañado a empresarios del país para hacer transferencias o depósitos en efectivo a cuentas presuntamente de actores políticos, siendo esto una cuestión falsa. Algo más que hemos visto es el incremento de la pornografía infantil y trata a través de internet, donde estamos evitando que se utilice el sistema financiero para ese tipo de prácticas”, asegura.

Destaca que entre marzo, abril y mayo de 2019 hubo 41 millones de avisos relacionados con préstamo o empeño, y que en ese mismo periodo de 2020 hay 81 millones solamente en la Ciudad de México.

“Para nosotros es un claro ejemplo de que las personas no tienen dinero en virtud de la realidad de la pandemia y están empeñando cosas, así que estamos verificando que no haya prácticas de usura que puedan dañar los derechos de la vida de las personas, al igual que sus patrimonios”, expresa.

Del combate a secuestro y extorsión, dice: “Hemos podido detectar recursos de las familias de los secuestradores a efecto de congelar esas cuentas, evitando que se sigan gastando el dinero en actividades ilícitas. También el Covid nos ha venido a transformar la realidad global”.

Destaca que la UIF no deja de trabajar sobre casos de corrupción y lavado de dinero. Hace notar que en coordinación con la Fiscalía General de la República llevan los casos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “Nosotros combatimos la corrupción, pero es importante también combatir la impunidad, y se seguirá haciendo hasta que los responsables lleguen ante los tribunales”, señala.

El titular de la UIF —organismo que recientemente fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado y destacó su labor en contra de la trata de personas— busca cómo seguir fortaleciendo a la UIF para que haya un avance anticorrupción significativo y señala:

“Se presentan las denuncias ante la Fiscalía General, ante la Secretaría de la Función Pública, inclusive ante procuradurías locales, cuando son asuntos de esa competencia. Hemos presentado también ante Sedena y el Servicio de Administración Tributaria para que se llegue a los procedimientos que correspondan. La UIF es un órgano de inteligencia, carece del ejercicio de la acción penal y de competencia de contar con ministerios públicos para poder judicializar las carpetas.

“El sistema constitucional señala que sólo el Ministerio Público o los particulares, en casos especiales [pueden hacerlo], no así otras autoridades, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que hemos planteado es que es necesario ir avanzando en una serie de reformas para fortalecer la UIF. Una de ellas podría ser que ésta formara parte del sistema anticorrupción, pero en este momento es una discusión que tiene el Congreso”.

Aclaró que no hay investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Sobre las pesquisas que se desarrollan en torno a personajes ligados al anterior gobierno, como Emilio Lozoya, Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza, Nieto Castillo comenta:

“Los procesos de cada uno siguen; hemos solicitado ser coadyuvantes en la mayoría de las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República, que nos reconozca el carácter de ofendidos, en razón de que los temas de lavado de dinero son competencia exclusiva de la UIF; incluso, hay un requisito de procedibilidad para efecto de que un caso pueda ser llevado a los tribunales.

“Pensamos que es importante que los asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias. En cuanto a nosotros, la política ha sido el congelamiento y el bloqueo de cuentas, la presentación de las denuncias y las vistas administrativas. En general, es hacer una tipología para que las personas sepan cuáles son las mecánicas de corrupción y de lavado de dinero en el país. Creemos que es muy importante que esto se haga público, porque permite, sobre todo en corrupción política, inhibir la actuación de los corruptos”, indica.

Y respecto a los señalamientos a León Manuel Bartlett Álvarez [hijo de Manuel Bartlett, director de CFE] y a exfuncionarios del sector Salud por irregularidades en la venta de ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social, dice:

“Es una investigación que tiene ya la Secretaría de la Función Pública. Nos ha requerido información y se le ha entregado; lo que sé es que se trata de una adquisición que hizo una de las delegaciones en el estado de Hidalgo y que esto no toca en lo absoluto a Zoé Robledo, de quien tengo la mejor impresión.

“De los exfuncionarios de Salud se han presentado ya varias denuncias, primero, porque nos parecía raro que hubiera tantos procesos de adjudicación directa en materia de salud en el sexenio pasado. Hay una empresa a la que le detectamos 98 mil millones de contratación gubernamental, llevándose después el dinero a Estados Unidos o a Suiza sin que tuvieran trabajadores registrados en el IMSS. Otra empresa recibió 14 mil millones de pesos con la misma temática. El caso de un directivo del ISSSTE en la administración anterior que ya se encuentra denunciado. En total, tenemos cinco denuncias vinculadas al sector Salud y les estamos dando seguimiento con la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de la Función Pública”, aseveró.