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[Internacional]

Violencia histórica y el reclamo de tierras ancestrales en Argentina

A mediados de mayo de 2020, se estableció la creación de una mesa de diálogo

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Violencia histórica y el reclamo de tierras ancestrales en Argentina
Foto: Zócalo | Especial
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Argentina.- La Patagonia es el escenario de tensiones sociales y políticas en torno a protestas vecinales y desalojos de terrenos privados y fiscales a raíz de ocupaciones realizadas por comunidades de descendencia mapuche, que resisten y demandan la restitución histórica de territorios.

El sur de Argentina se transformó en el epicentro de una discusión muy compleja, en la que se mezclan los derechos humanos, la reparación histórica a pueblos indígenas como el mapuche, el respeto a la propiedad privada y los actos de violencia individuales o institucionales, con el Estado como mediador y ejecutor de la ley y la justicia.

Potenciadas por el cambio de gestión nacional, los incendios forestales y las usurpaciones de terrenos para vivienda por la crisis económica que profundizó la pandemia, las tomas y reclamos de tierras ancestrales por parte de comunidades mapuche
, que datan de años anteriores o se produjeron en los últimos meses, generaron un clima de tensión en aumento con los propietarios, y también cortocircuitos con funcionarios.

La lof (comunidad mapuche) Lafken Winkul Mapu ocupa desde 2017 terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi en la localidad de Villa Mascardi, a 35 km de la ciudad turística de Bariloche, provincia de Río Negro. Aquel año, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), un intento de desalojo violento terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, un joven de 22 años, por parte de las fuerzas de Seguridad.



Desde entonces, realizan manifestaciones para denunciar la persecución en su contra y demandar justicia, además de realizar algunos señalamientos sobre propiedades particulares en las que acusan a los actuales dueños de expropiación y desposesión fraudulenta, reclamos que llevan décadas en algunos casos.

A mediados de mayo de 2020, se estableció la creación de una mesa de diálogo que integran los ministerios nacionales de Medio Ambiente (a cargo de Parques Nacionales), Justicia (a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI) y Seguridad. Además, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) provincial y representantes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro y de la comunidad.

A fines de agosto, vecinos de la zona realizaron un corte de ruta para pedir la intervención federal y denunciar amenazas recibidas por la comunidad mapuche. La gobernadora, Arabela Carreras, se acercó a dialogar, apoyó el respeto a la propiedad privada y rechazó la presión de "grupos encapuchados". Sin embargo, el Ministerio de Seguridad nacional denunció penalmente a los organizadores por instigación a la violencia.

Como respuesta, los propietarios reunieron 35.000 firmas para reclamarle acciones al presidente de Argentina, Alberto Fernández, para recuperar el control de los terrenos en cuestión y denunciar otros reclamos territoriales en disputa.

"Detrás de esas caras tapadas hay gente mapuche que ha sido expulsada de la ciudad, criminalizada, perseguida. Acá en el sur, a veces la policía por 'portación de rostro' te detiene. Ellos resguardan su identidad. Todas las formas de reclamar son válidas porque somos un pueblo que está respondiendo a un genocidio, perdimos familias completas, nosotros somos los nietos y bisnietos de los que masacraron", dijo a Sputnik Juana Antieco, referente de la nación mapuche-tehuelche en Argentina y del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.


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