Emeequis | México, DF.- Grandes grupos de la delincuencia se han lanzado por igual contra los sacerdotes que los estorban, porque alzan la voz contra los ataques o porque no han querido pagar extorsiones. Y no son pocos los casos conocidos. Las autoridades eclesiásticas recibieron mil 465 reportes de intentos extorsión contra curas en 2013.

La religión, pues, ya no ha hecho a sus representantes individuos de excepción.

Por eso es que entre la comunidad de sacerdotes católicos se ha extendido el miedo. Lo sabe el padre Rolando, expulsado de Michoacán por “Los Caballeros Templarios”, que responde así cuando se le pregunta cómo ve el futuro: “No lo sé. Que Dios nos ampare”.

La primera advertencia llega oculta, dentro del pequeño cesto de hojas de palma en donde se depositan las limosnas dominicales. Un papelito redactado a mano, con letra errática, de trazo irregular, como de alguien que no escribe muy a menudo: “Padre cierre la boca. No se meta en problemas”.

El segundo aviso, frontal y sin espacio para las dudas, lo recibe poco menos de un mes después, en la voz casi infantil de un muchacho de unos 16 años, delgado, de facciones mestizas y piel morena, con una cicatriz en la ceja derecha que puede notarse en la luz recién apagada del presbiterio donde se ha escondido:

“Me mandan a decirle que es la última, padrecito… que ya le pare o lo paramos… usted decide”.

El sacerdote incómodo, llamémosle padre Rolando para proteger su identidad, acaba de cerrar su iglesia. Está solo, a merced de lo que decida hacerle su agresor.

Como no han pasado ni seis meses desde que ocurrió el secuestro de otro religioso de la región –Santiago Álvarez, un sacerdote veinteañero desaparecido sin dejar rastro la tarde del 27 de diciembre de 2012, luego de oficiar misa en el pueblo de Jacona, en el occidente michoacano–, el clérigo se toma el asunto con absoluta seriedad: cuando el chico se va, dejándolo ileso, llama de inmediato al Obispo de Zamora, Javier Navarro, y le notifica la amenaza.

Ya en un par de ocasiones, en esos últimos meses, le han llegado rumores de que su trabajo en comunidades rurales, con jóvenes rescatados de las drogas y de la delincuencia organizada, no es del agrado de “alguien” muy poderoso en la región.

Ambos mensajes, el primero oculto en un fajo de cinco billetes de 100 pesos unidos por una liga, y el segundo verbal, coinciden en forma y letras con los que ha recibido antes otro sacerdote –Pedro Gutiérrez–, secuestrado en marzo de 2009 en un paraje carretero de Acuitzio del Canje, un poblado muy cerca de Pátzcuaro, por oponerse al dominio de fuego y miedo de “Los Caballeros Templarios”.

Por esos días, en Apatzingán ya han sido cerradas por lo menos tres parroquias, amenazadas por sus actividades sociales en medio de la lucha contra el crimen organizado. Y en Parácuaro, dos iglesias han sufrido connatos de incendio y robos, luego de avisos del mismo tipo, que se suman a otros 355 reportes de amenazas de muerte que denuncian sacerdotes de todo el país en 2013.

Para la jerarquía católica en Michoacán no hay dudas. El ultimátum contra el padre Rolando ocurre en un peligroso triángulo escenario de amenazas, secuestros y extorsiones contra los sacerdotes, conformado por los territorios de las diócesis de Morelia, Zamora y Apatzingán, donde los ataques contra ellos han escalado en los últimos cinco años, igual que ha ocurrido en todo el país.

Fuera del círculo eclesiástico es poco lo que se habla de ello, pero en los últimos años, como no ocurría quizá desde la época de la Guerra Cristera, la muerte ronda a las sotanas.

“Por sexto año consecutivo, México ya es el primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos católicos) en América Latina”, concluye el informe “Agresión contra sacerdotes en México de 1990 a 2013: Reporte especial 2013”, un minucioso documento elaborado por el Centro Católico Multimedial.

La conclusión no es producto de especulaciones: entre 2006 y 2012 se cometieron 22 homicidios, de los cuales 15 fueron de sacerdotes, y el resto de religiosos y laicos católicos, según la información proporcionada por las diócesis del país a los autores del reporte.

Si el sexenio de Felipe Calderón pasará a la historia como “desastroso” para el sacerdocio mexicano en tiempo de paz, con el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto las cosas no pintan mucho mejor: ya han sido asesinados tres sacerdotes y se ha reportado el secuestro de tres más.

Y, afortunadamente, informa el reporte, “tres sacerdotes de la Arquidiócesis de Durango lograron ser rescatados y regresar a salvo a sus comunidades”.

Elaborado bajo la responsabilidad del sacerdote Sergio Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial, ligado a la congregación de la Sociedad de San Pablo, el reporte recoge cifras hasta el 15 de diciembre de 2013 y hace un balance de las agresiones contra religiosos:

“El fenómeno es grave. La tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza: aumentó 67% en el primer año del actual Gobierno, comparado contra el primer año de gestión” de Calderón. De continuar así, se lamenta, se prevé un sexenio aciago para el sector religioso.

Ni que lo diga

México no es un lugar para andarse con titubeos: a muchos de esos crímenes les anteceden mensajes similares, escenarios semejantes: un papel, un aviso verbal: “Señor cura, no se meta”.

Por ello, luego de solicitar apoyo para la protección de los suyos –dos integrantes de su familia dependen de él y viven acompañándolo– el padre Rolando, cuya verdadera identidad se reserva para garantizar su seguridad, pide su cambio de parroquia. Urgente.

En menos de dos meses, en coordinación con las diócesis de Morelia y Querétaro, desde Zamora se organiza el desplazamiento del sacerdote amenazado.

Se le encomiendan tareas administrativas y se le envía a una pequeña parroquia queretana, desde donde aguarda, como él mismo dice, “que el amor del Señor reconforte los corazones llenos de odio de toda esa gente que desea el mal”, mientras el peligro pasa. Si es que pasa.

Un estado fallido

“Lo que puedo decir está perfectamente resumido en la carta del obispo Miguel

Patiño (obispo de Apatzingán)… es lo que está ocurriendo en Michoacán y en muchos otros estados del país”, comenta el padre Rolando, un hombre aún joven, moreno, correoso, en cuya voz parece haber susurros permanentes.

Se refiere al controvertido comunicado público difundido en octubre de 2013 por el Obispo de esa Diócesis michoacana, donde expuso el clima de terror y violencia prevalecientes en la región. Es un documento significativo porque en él un alto representante de la jerarquía católica impone por primera vez el apelativo “Estado fallido” a las condiciones sociales, políticas y económicas de una entidad:

“El estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido.

Los grupos criminales se lo disputan como si fuera un botín.

“La costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el estado: para el trasiego y comercio de la droga, ‘venta de seguridad’ (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión”.

—El sufrimiento de la gente, por el crimen, nos obliga a estar cerca de ellos. No hay otra manera de ejercer el ministerio de Dios, sino velando por el bien de todos… y eso te confronta con quienes se unen en maldad —dice el padre Rolando.

Es un desplazado. En menos de cuatro años, en su parroquia, como en otras de la región, se multiplican las denuncias por secuestros, que involucran a gente de todas las edades; las extorsiones y el cobro de cuotas, que hacen migrar a familias enteras. Incluso, en la cúspide del terror, ocurren homicidios que en muchos casos quedan en total impunidad.

—¿Fue la denuncia de esas condiciones por lo que a usted le exigían callar?

—En muchos estados del país hay un poder por encima de los poderes legales. Y ese es el poder de la violencia y la impunidad. Si no hay autoridad que lo impida, como ha sido el caso, ese poder se convierte en una fuerza poderosa.

A través de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, incluso a través de redes sociales, la comunidad católica de su parroquia le hace llegar denuncias de abusos y extorsiones, que él mismo expone en el púlpito y reenvía a otros sacerdotes y parroquias, como forma de aviso.

Aun cuando evita referirse a un responsable en particular –“si la autoridad los conocía y no hacía nada por detenerlos, ¿qué iba a lograr yo?”–, la gente recibe el mensaje y utiliza el atrio de su iglesia para discutir medidas de acción.

Recuerda un suceso:

Tiempo después del secuestro del sacerdote Santiago, en Jacona, los habitantes de la región comenzaron a hacer una investigación paralela sobre el asunto. Así supieron que el automóvil en el que viajaban el cura y cinco personas más, entre éstas una monja, había sido seguido desde días atrás por distintas camionetas, una de ellas ocupada por elementos de la Policía local. El día del secuestro, según relataron los testigos, el comando de plagiarios incluía a dos uniformados. Sólo se llevaron al sacerdote.

Cuando fue puesto en libertad, tiempo después, el indicio sobre la participación de policías locales fue eliminado de las indagaciones, omitido, lo que al final concluyó en una averiguación encarpetada, que no dio como resultado detención o encarcelamiento alguno.

“Algo así estaba ocurriendo con la gente de mi parroquia. La autoridad oficial se coludía con la autoridad de facto, dejando a la gente a merced de la extorsión, la violencia y el miedo”, comenta.

El asunto, en muchas poblaciones, alcanza incluso a las propias parroquias, que deben pagar cuotas mensuales de entre 5 mil y 50 mil pesos, a cambio de que la delincuencia permita la asistencia de los fieles a las ceremonias religiosas.