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| Sin protección federal está Valentín Bustos Cabrera, dueño del anexo, tras crimen de interno.

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Niegan amparo federal a dueño de anexo

  Por Grupo Zócalo

Publicado el viernes, 15 de mayo del 2026 a las 04:00


Ya no cuenta con el escudo de la justicia federal para frenar cualquier orden de aprehensión o acción ministerial en su contra

Monclova, Coah.- El Juzgado Cuarto de Distrito dio un revés definitivo a la defensa de Valentín Bustos Cabrera, al negarle la suspensión definitiva dentro del expediente 334/2026, lo que significa que el dueño del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, ya no cuenta con el escudo de la justicia federal para frenar cualquier orden de aprehensión o acción ministerial en su contra, por la investigación de la muerte de Manuel Neftalí Lira Ruiz.

Con esta acción, el camino legal se despejó para que la Fiscalía General del Estado actúe sin restricciones contra Bustos Cabrera, con el fin de que se amplíen las investigaciones y se determine si tiene responsabilidad en los hechos violentos que se dieron en el anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, el pasado 4 de mayo.

La justicia federal fue clara al emitir un fallo contundente, donde se establece que no existen elementos para proteger al imputado de los actos de la Agencia del Ministerio Público, autoridad que mantiene abierta la carpeta de investigación por el homicidio.

Por otra parte la Fiscalía investiga a los implicados.

Falla la defensa al pastor

Este fallo judicial surge de las inconsistencias presentadas por el propio equipo legal de Valentín Bustos, quienes en su intento por blindarlo legalmente, fallaron en la identificación precisa de las autoridades responsables, facilitando que el Juez federal cerrara la puerta a la medida cautelar.

Con esto, se desvanece la posibilidad de que el “pastor” evada los procesos locales que ya mantienen tras las rejas a dos internos, vinculados a proceso por homicidio calificado.

La muerte de Lira Ruiz, quien falleció a causa de una brutal golpiza mientras era supuestamente “sometido”, no sólo provocó la clausura del recinto, sino que ahora apunta directamente a la cúpula administrativa del centro.

Sin el amparo de la Federación, las autoridades del estado tienen vía libre para proceder y determinar el grado de complicidad o responsabilidad penal que recae sobre el dueño del establecimiento.

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